El Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes presentó su primer balance donde detalló que en total los procesos realizados fueron 9, y los acusados fueron magistrados, un fiscal y un asesor de Menores.
El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Corrientes presentó un informe estadístico que resume el funcionamiento de este organismo desde el 2009 hasta la fecha, donde se detalló que se realizaron nueve juicios políticos, siete a magistrados, uno a un Fiscal y otro a un Asesor de Menores.
El documento está dividido en cuatro partes, la primera contiene una reseña del Jury, la segunda se refiere a los Actores del Proceso, la tercera trata del Procedimiento y la cuarta son estadísticas de los juicios realizados.
En nueve juicios, fueron destituidos siete de los acusados, una de las sentencias fue absolutoria y una causa se archivó por la renuncia del implicado según el artículo 18 del RIJE. En cuanto a los recursos de casación tratados, cuatro fueron admitidos y cuatro rechazados.
Según se detalló, la duración promedio de los debates fue de tres días y de las deliberaciones, una hora. Las acusaciones fueron por violencia laboral, exceso en el ejercicio del poder jurisdiccional, mala condutca, falta de decoro y abuso del poder.
El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia está presidido por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Alberto Chaín y cuya secretaria es María Juliana Ojeda. La Constitución de Corrientes la, desde el año 2007, le confirió la facultad de realizar juicio político a todos los jueces e integrantes del Ministerio Público, cuando sean acusados por el Consejo de la Magistratura o por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones o la comisión de delito.
El Organismo se halla regulado por Ley N°5.858, la cual reglamenta el proceso de juicio político así como la composición, organización y funcionamiento. En igual sentido, el Reglamento Interno del Jurado de Enjuiciamiento regula lo dispuesto en la anterior norma citada.
Según se detalló, la duración promedio de los debates fue de tres días y de las deliberaciones, una hora. Las acusaciones fueron por violencia laboral, exceso en el ejercicio del poder jurisdiccional, mala condutca, falta de decoro y abuso del poder.