La entidad no gubernamental, formada en su gran parte por abogados, considera que el proyecto encarece el acceso a la Justicia y entorpece gravemente su funcionamiento ya que establece la obligatoriedad de realizar aportes por los mismos profesionales y por los justiciables en proporción a los honorarios.
Encarece directamente el acceso a la justicia, al prever una contribución a cargo de los litigantes e indirectamente porque los abogados trasladarán a sus clientes los mayores costos del nuevo sistema, señaló el director académico de la institución, Dr. Héctor Chayer en una comunicación que mantuvo con Diariojudicial.com.
FORES entiende también que se entorpecerá a la justicia al establecer que esta Caja será parte en todo juicio o trámite administrativo que se sustancie en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires para controlar y asegurar el cumplimiento de la ley, con el resultado práctico de la intervención de las Cajas en los expedientes: apelaciones, cuestionamiento de los acuerdos de los abogados con sus clientes, oposiciones a la conclusión de los juicios, observaciones a las transacciones, etc. En definitiva, la injerencia de un tercero en las relaciones entre las partes y sus abogados que genera demoras.
Se forzaría a que haya honorarios mínimos y que la Caja los supervise, interfiriendo así en la libertad de pactar honorarios y obligando a gastar mas al justiciable, agregó Chayer.
Asimismo, aclaró que esto no significa que sea un mal proyecto, sino que lo que se intenta buscar es que el proyecto lo sea para la sociedad en su conjunto. Por ello señaló que el problema de fondo lleva a un encarecimiento del costo de la justicia global en la capital federal. Y en relación a esto destacó el elevado costo de acceso a la justicia en la Argentina en comparación con parámetros mundiales, tal cual lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fores señaló que los abogados en la Argentina ejercen un monopolio para el acceso a la justicia lo que impone la máxima precaución a la hora de encarecer sus servicios. Más allá de posibles ventajas sectoriales que podrían derivar de tener una caja previsional "propia", la sociedad en su conjunto será la que saldrá perdiendo y en esta disyuntiva es claro que el interés general debe prevalecer por sobre el corporativo, de los abogados o del que fuere, y el proyecto debe ser desestimado.
Y explicó el director académico de la institución, que lo que busca Fores es poner este tema a debate para discutir si es beneficioso o no para la sociedad civil en su conjunto por lo que sería bueno que se brinden estimaciones o cálculos para ver como impactaría el proyecto en el costo de la litigación.