El Consejo de la Magistratura licitó la provisión de resmas de papel para diferentes dependencias del Poder Judicial, pero el proceso está punto de fracasar. La escasa cantidad de oferentes y el contexto económico, entre los principales problemas que enfrenta el órgano.
Aunque la digitalización avanzó a paso firme dentro del Poder Judicial, el papel sigue siendo un elemento fundamental de trabajo en el día a día de los tribunales y juzgados. En las últimas semanas, el Consejo de la Magistratura abrió una licitación para proveer a las dependencias de las resmas de papel, pero el proceso está punto de fracasar.
Se trata de una licitación para la provisión de papel ‘tamaño oficio´ y ‘tamaño A4´ de 80grs/m2 para fotocopiadoras e impresoras con destino a Tribunales y organismos del Poder Judicial de la Nación con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y San Martín, por más de $69.531.000.
Sin embargo, en el llamado se presentaron tan sólo dos empresas: la primera manifestó la intensión de no renovar la oferta y fue excluida; mientras que la segunda retiró la oferta y luego presentó una nota pidiendo un anticipo financiero para afrontar la contratación.
En la última reunión de la Comisión de Administración y Financiera se analizó este expediente y las complicaciones que surgieron. “El papel es un servicio esencial para los tribunales”, explicó el consejero Diego Marías.
Sin embargo, el problema de las licitaciones es aún mayor. En los últimos tiempos se registró un alto nivel de fracaso en estos procedimientos por la escasa cantidad de oferentes y el contexto económico, especialmente a causa de la imprevisibilidad de los costos y abastecimientos de los productos.
Ante el inminente fracaso, el consejero-juez Alberto Lugones pidió la aplicación de un procedimiento de excepción que permita proveer a las dependencias de las “resmas necesarias para el año en curso” y que “no se vea afectado el normal desarrollo de las funciones esenciales del Poder Judicial”.
Sin embargo, el problema de las licitaciones es aún mayor. En los últimos tiempos se registró un alto nivel de fracaso en estos procedimientos por la escasa cantidad de oferentes y el contexto económico, especialmente a causa de la imprevisibilidad de los costos y abastecimientos de los productos.
Esta situación genera que muchas de las empresas y firmas soliciten un anticipo de dinero, algo que ya se está analizando en la Comisión de Reglamentación para contrataciones de obras con ejecución menor a un año.