Oyarbide le imputó a Nicosia ser el jefe de una asociación ilícita y los presuntos delitos de "estafa procesal en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario" público.
Para el magistrado federal se encuentra probado que Nicosia cometió defraudación en siete causas que estuvieron en su juzgado civil, en las que desplegó una "maquinación elaborada y una trabajosa trama urdida en uno y otro caso para lograr el desapoderamiento de la empresa" estatal de ferrocarriles.
"Se advierte la existencia de un plan común consistente en la irregular asignación del juzgado, la inusual celeridad en la tramitación del juicio, la designación de los mismos peritos y la condena a la empresa ferrocarriles argentinos por montos que aparecen excesivos", aseguró Oyarbide en la resolución a la que tuvo acceso DiarioJudicial.Com.
Además, del ex juez Nicosia, Oyarbide ubicó en la asociación ilícita a los abogados Jorge Alfredo Fontanals, Juan Carlos Torregrosa Lastra, Gustavo Adolfo Alvarez Romero y Francisco Pedro Salerno, "los cuales mantenían largas reuniones a puertas cerradas con el ex juez", indicó el juez federal.
"El mismo juez formaba parte de una organización delictiva con fines de enriquecimiento a costa de las arcas de esa empresa”, indicó Oyarbide, al tiempo que rechazó un pedido de prescripción planteado por el abogado de Nicosia, Pedro Pablo Pussineri.
De esta forma, Nicosia seguirá detenido pero ahora con prisión preventiva, debido a que la causa se tramita por el viejo código de procedimientos penales, que prevé que sea el mismo magistrado el que dicte sentencia.
La causa se inició el 18 de octubre de 1990 por una denuncia del presidente de la Sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Civil por irregularidades cometidas en un expediente a la que se sumaron luego otras. En total, se estima que las maniobras de Nicosia que Oyarbide considera probadas llegan a los 33.353.596 de pesos.