En un extenso dictamen que se publica íntegro, el fiscal Freiler entendió que una investigación a nivel local sobre la situación en Irak es procedente atendiendo a los tratados internacionales que la Argentina firmó, y que consagran -a juicio del fiscal- la jurisdicción internacional para los crímenes de lesa humanidad.
En su denuncia el fiscal Freiler cita abundante jurisprudencia nacional y concluye que debe impulsarse la acción penal en los términos propuestos en la denuncia original de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, donde se entiende que los máximos responsables de Estados Unidos, Gran Bretaña y España habrían incurridos en delitos contemplados en el derecho internacional y también en el Código Penal argentino.
Así, Freiler detalla los presuntos delitos de “conspiración ilícita contra la paz”, tal como está contemplado en el artículo 6 del Tribunal Militar de Nuremberg que pena los crímenes de guerra. También señala el delito de “tortura como crimen de lesa humanidad” tal como lo señala el Tribunal Penal Internacional, de reciente creación. En el plano local, el fiscal señala los delitos de “asociación ilícita y torturas”.
Sobre el final del extenso escrito, Freiler cita a Juan Bautista Alberdi en su obra Crímenes de Guerra: “Si la guerra es un crimen, el primer culpable de ese crimen es el soberano que la emprende. Y de todos los actores de que la guerra se compone, debe ser culpable, en recta administración de justicia internacional, el que la manda hacer.”
Además, Freiler solicitó una serie de medidas de prueba iniciales en el expediente, que incluyen “un pedido de información a la Cruz Roja Internacional y a la Medialuna Roja Internacional, así como a la Embajada de Iraq, respecto del estado de situación y los daños, humanos y materiales, provocados por el ataque”.
El fiscal solicitó también que se realice un relevamiento de las bajas civiles que dejó el conflicto a través de medios alternativos, ya que el mismo estado mayor norteamericano manifestó que ellos “no contaban cadáveres”. También pidió que la Nunciatura Apostólica remita una copia de las declaraciones del Vaticano sobre la ilegitimidad de la “guerra preventiva”
Después, Freiler no esquiva el aspecto político de su singular denuncia. En esa línea, remarcó “las dificultades probatorias que involucran los hechos bajo estudio” y la difícil “realización efectiva del derecho penal material”, pero remarcó que lo central “es el compromiso por la paz que involucra a todos los seres humanos, sin distinción, y el llamado a luchar por el derecho, y a través del derecho, en salvaguarda de la vida humana y el bienestar de los pueblos”.
“Esta lucha no admite fronteras”, indicó más adelante el fiscal, y luego abriendo el paraguas: remarcó que si la denuncia se estima “poco prudente” en medio de la crisis de las relaciones internacionales “es un extremo que claramente constituye resorte exclusivo y excluyente de los otros poderes del Estado”.
Para el fiscal, su rol en esta causa -a pesar de su dudoso resultado- es “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad”. Ahora, son el fiscal Miguel Ángel Osorio y el juez Rodolfo Canicoba Corral los que tienen la palabra.