La FACA y el CPACF enviaron una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, manifestando su oposición al proyecto de regulación de las sucesiones notariales. "La función judicial no puede ser delegada ni privatizada", expresaron.
Mediante una nota, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) expresó su oposición al proyecto de ley que establece la regulación de las sucesiones notariales.
Se trata de la propuesta legislativa impulsada por un grupo de diputados del Pro, encabezado por el neuquino Francisco Sanchez, para establecer un proceso sucesorio notarial voluntario, en aquellos casos en los que no haya cuestiones contenciosas.
El texto, que fue girado a la Comisión de Legislación General, tomó como antecedente el proyecto del entonces legislador Leandro Lopez Koenig, en el que también se pretendía implementar un proceso sucesorio extrajudicial ante un escribano.
“En efecto, consideramos que los procesos sucesorios deben ser tramitados exclusivamente en el ámbito jurisdiccional por los jueces designados antes del fallecimiento del causante”, señala la misiva dirigida a la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau.
La carta, que lleva la firma de José Luis Lassalle y de Ricardo Gil Lavedra, solicita que, en caso de avanzar con el tratamiento de la iniciativa, las instituciones “sean escuchadas en las audiencias” que se convoquen en la Cámara Baja.
“La función judicial no puede ser delegada ni privatizada. Ello no quita, claro está que puedan introducirse mejoras en el trámite y en el costo de esos procesos”, concluyeron los titulares de las entidades.
Afirmaron, en este sentido, que “sólo la intervención de un juez puede proporcionar certeza y seguridad jurídica a los interesados y a la sociedad toda”.
“La función judicial no puede ser delegada ni privatizada. Ello no quita, claro está que puedan introducirse mejoras en el trámite y en el costo de esos procesos”, concluyeron los titulares de las entidades, que hace tiempo que vienen expresando duras críticas contra la iniciativa.
“Toda sucesión requiere de las garantías del debido proceso y el juez natural que solo otorgan los órganos judiciales quienes deben velar por la seguridad jurídica que ese proceso requiere por los intereses en juego”, sostuvo la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) cuando el proyecto fue presentado, mientras que el presidente del CPACF remarcó que "la potestad jurisdiccional es exclusiva de los jueces designados de acuerdo a la Constitución Nacional, y de ningún modo puede ser delegada”.
Otros colegios profesionales, como el de Entre Rios, denunció un intento de "privatización" de las sucesiones, mientras que la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba (FE.CA.COR) aclaró que “el proceso sucesorio no resulta ser un simple acto de notoriedad, es un reconocimiento jurisdiccional, y como tal, competente al Poder Judicial, motivo por el cual, dicha facultad jurisdiccional no puede ni debe ser delegada a los particulares, lo que acarrea la violación flagrante de normas de raigambre constitucional”,