El debate por el impuesto a la herencia reflotó nuevamente un proyecto para modificar el proceso sucesorio instaurando la declaración notarial de herederos, “sin abogados” y “sin jueces”.
El Gobierno nacional selló con las provincias el denominado Consenso Fiscal 2022, en el que se habilita la creación de nuevos impuestos, como el impuesto a la herencia.
Actualmente, este impuesto rige únicamente en la provincia de Buenos Aires, donde se implementó en 2011, pero ahora se planteó la posibilidad de extenderlo a otras jurisdicciones.
Este debate reflotó nuevamente un proyecto presentado en 2019 por el entonces diputado nacional por Neuquén Leandro Gastón López Koenig, quien propuso la modificación del proceso sucesorio instaurando la declaración notarial de herederos, esto es, realizar las sucesiones “sin abogados” y “sin jueces”.
“En Argentina ya existe el impuesto a le herencia, se llama honorarios de abogados. En 2019 intenté eliminar ese costo enorme... fracasé”, dijo López Koenig desde su cuenta de Twitter y reabrió nuevamente el debate.
El proyecto preveía un monto máximo para el cobro por parte de los escribanos -del 2% del valor de los bienes-, y establecía que sería este profesional el que debería convocar a los herederos y hacer todos los trámites, sin realizar trámites judiciales.
No obstante, esta iniciativa fue rechazada por los Colegios de Abogados de todo el país y quedó cajoneada. “En Argentina ya existe el impuesto a le herencia, se llama Honorarios de abogados. En 2019 intenté eliminar ese costo enorme... fracasé”, dijo López Koenig desde su cuenta de Twitter y reabrió nuevamente el debate.
El ex diputado afirmó que es una propuesta “fácil de implementar y elimina un costo muy alto”. “Hay muchos nichos de costos artificiales que existen en la legislación que terminan siendo parte del 'costo argentino' generados por lobbys de todo tipo”, añadió.
Desde su red social, el diputado nacional Francisco Sánchez adelantó que ya tuvieron una reunión para “reflotar” la iniciativa y “volver a presentarla” en el Congreso.
Se renueva la polémica
La iniciativa había sido objeto de fuertes críticas por parte de la abogacía. En el año 2019, cuando empezó a circular la idea, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal alertó por la "privatización del derecho sucesorio": "Otorgar a los escribanos el poder de jurisdicción reservado a los jueces, quienes lo obtienen a través de los mecanismos previstos en la Carta Magna, es un acto de violencia constitucional inadmisible en un Estado de Derecho", denunció el CPACF
"La privatización intentada no puede prosperar sin la modificación de la ley del Registro de la Propiedad Inmueble N° 17.801, a lo cual sólo cabe esperar que el siguiente paso sea la privatización completa del sistema registral, aspecto sólo compatible con el esquema del “common law”, evitando así la publicidad de los actos jurisdiccionales", señaló el organismo que nuclea a los letrados, que en esa oportunidad declaró persona "no grata" al diputado que presentóel proyecto.
En 2020, en plena cuarentena, la iniciativa volvió a circular y las críticas de la abogacía no demoraron. Por su parte, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, si bien en principio se desprendió de la autoría del proyecto, opinó que era propicio dar el debate de “desjudicializar los procesos no contenciosos”. “Deberá llamarse a todos los sectores vinculados de la comunidad jurídica, tales como abogados, jueces, oficiales de registro, asesores judiciales de minoridad y escribanos para elaborar un proyecto superador que brinde a la sociedad la celeridad y eficacia que hoy se está esperando en este tipo de procesos”, indicó en un comunicado.