El Máximo Tribunal remitió al Ejecutivo el presupuesto de gastos y recursos del Poder Judicial de la Nación para el periodo que se avecina. Se espera que el Ministerio de Economía envíe la “ley de leyes” en los próximos días, para que comience su tratamiento en el Congreso.
La Corte Suprema de Justicia remitió al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos y recursos del Poder Judicial de la Nación.
Se trata de la suma de $54.672.144.449 –fijado por el Máximo Tribunal- y otros $262.199.261.571 –establecidos por el Consejo de la Magistratura-.
Así se desprende de la acordada 23/2022, que lleva la firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda (faltó la firma de Lorenzetti). “Corresponde a esta Corte, en su carácter de cabeza del Poder Judicial de la Nación, conforme artículo 1 de la ley 23.853 remitir al Poder Ejecutivo Nacional el presupuesto”, señala el texto.
De acuerdo con el informe publicado por el Alto Tribunal, la mayor cantidad de recursos solicitados serán para cubrir las necesidades proyectadas en materia de gastos en personal, con $248.250.803.483.
Cabe recordar que a mediados de agosto de 2022 la Corte había dispuesto mediante la Acordada 21/2022 que su presupuesto rondará lo $54.672.144.449. Del total, alrededor de $47.905.179.309 serán afectados a gastos en personal.
“Se han realizado las previsiones de gastos teniendo en cuenta la proyección estimada de recursos, manteniendo de esta manera el equilibrio fiscal y preponderando el criterio de establecer los requerimientos de manera prudente y moderada, potenciando los recursos materiales y humanos de manera eficiente; fijándose –no obstante-los valores impostergables que aseguren el accionar de la justicia”, argumentó el Máximo Tribunal en esa ocasión.
“Responde a una evaluación pormenorizada de las necesidades del Poder Judicial de la Nación, a partir de los requerimientos de las Direcciones y de los distintos tribunales del país, de modo de asegurar el normal desenvolvimiento de la función judicial”, argumentó por su parte el Consejo de la Magistratura a la hora de fundamentar la suma requerida.
De este modo, los jueces remitieron ambos presupuestos al Gobierno nacional para su comunicación al Congreso. Se espera que el Ministerio de Economía envíe la “ley de leyes” en los próximos días, lo que dará paso a un tratamiento legislativo en las comisiones de la Cámara de Diputados, su debate en el recinto y luego su paso por el Senado.
“Responde a una evaluación pormenorizada de las necesidades del Poder Judicial de la Nación, a partir de los requerimientos de las Direcciones y de los distintos tribunales del país, de modo de asegurar el normal desenvolvimiento de la función judicial”, argumentó por su parte el Consejo de la Magistratura a la hora de fundamentar la suma requerida.
Sin embargo, la cartera de Economía había informado una serie de "techos presupuestarios", pero desde la Corte los consideran "insuficientes para el nivel de necesidades mínimas".