HASTA QUE ACLARE. Tal como habían prometido sin prometer los integrantes de la Corte Suprema de Justicia prefirieron aguardar el resultado de las elecciones presidenciales antes de pronunciarse en temas de trascendencia institucional, como la validez constitucional de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el anhelado fallo por el “Corralón” en algunos de los casos considerados testigos. Dada la urgencia del caso, en su último acuerdo no tuvo otro remedio que pronunciarse para suspender las elecciones de la forma en que lo había planteado el gobierno de San Luis y nada más. A excepción de tres fallos previsionales difundidos en las últimas horas del viernes y que benefician los intereses de la clase pasiva, cuyo tratamiento no había cobrado estado público. En el cuarto piso, sede del máximo tribunal, se asegura que ya existen siete firmas para respaldar la competencia de la juez federal María Servini de Cubría en torno a las elecciones convocadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra las aspiraciones del Tribunal Superior de Justicia porteño, pero el jueves el tratamiento de ese tema en el seno del noneto más poderoso también quedó en suspenso. Precavidos o no, los jueces siguieron cumpliendo con su promesa y mantuvieron silencio de radio. Quien sí debe tener la radio encendida es Gustavo Bossert que con la nostalgia que caracteriza a todo poeta, quizá se debe estar preguntando lo que el viento se llevó, en una sociedad que mide las renuncias no como un gesto hidalgo sino como una variante del “yo me borro” (Casildo dixit)
MUY BUENA. Fue la repercusión que tuvo la visita del comisario Jorge “Fino” Palacios al Estado de Israel. Es que el jefe de la DUIA (Departamento Unidad Investigativa Antiterrorista), fue invitado por los organismos de inteligencia de ese país – el Mossad entre ellos-, para conocer los últimos secretos de ese espinoso gremio. Curioso como buen investigador, Palacios prefirió vivir de cerca el trabajo en esas complicadas líneas de frontera dejando por un momento de lado el tour por las citadinas oficinas, quizás pensando como aplicar lo aprendido en nuestra “Triple Frontera”, uno de los nuevos objetivos de la seguridad global. Pero el desafío que lo espera próximamente no son los peligrosos terroristas sino el ríspido debate que viene levantando temperatura en el juicio AMIA. Sabedor de que del éxito de su labor dependen muchas de las razones para que Ribelli y sus muchachos sigan presos, su figura estará expuesta a las filosas preguntas de los defensores, quienes con lógica procesal, buscarán debilitar la investigación sobre el incremento patrimonial de los acusados, encabezada, precisamente, por Palacios. Será por eso que el presidente de la DAIA, José Hercman, que no es de regalar halagos, expresó un decidido apoyo a la labor del jefe antiterrorista: “desde que Palacios está en el cargo, se produjeron notables avances en la investigación, se nota un gran impulso en la misma”. Todos tienen algo con qué disparar, incluso objetarán la lógica relación humana que supieron construir con el juez Galeano después de compartir tantas horas de trabajo en esta causa con múltiples cicatrices. Pero la búsqueda de la verdad parece tener estos costos. Es que después del caso “De Gamas” el banquillo de los testigos tiene un tapizado de cactus. (Especial de Diariodeljuicio.com)
DECLARANTE. El miembro de la Corte Suprema Antonio Boggiano declaró hace poco menos de diez días como testigo en una causa penal que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide, donde se investiga una denuncia de la Oficina Anticorrupción por el otorgamiento supuestamente irregular de avales a una empresa italiana que quería construir hoteles en la Argentina. Lo que se trata de ventilar en el juzgado de Oyarbide -interviene el fiscal Miguel Ángel Osorio- es quién estuvo verdaderamente interesado en el resultado de una operación en la cual se dio marcha atrás con una inversión prevista por un empresario italiano, en el marco de un añejo acuerdo entre ese país y la Argentina para promover inversiones del viejo mundo iniciada hacia fines de los ´80. La cosa es que la inversión de este empresario estaba lista y ya contaba con el aval local del estudio de abogados Marvall-O´Farrell, en el cual trabajaba el actual ministro Boggiano. La cosa es que después el mismo estudio aseguró que el dictamen con el visto bueno era provisorio y terminó sacando otro negativo, que dejó a nuestro empresario con más de 10 millones de dólares en maquinarias en la Argentina que todavía acumulan óxido en el puerto porteño. Según supo esta columna, Boggiano le dijo por escrito a Oyarbide que él ya se había desvinculado del conocido buffete cuando salió el dictamen cuestionado. La causa que hasta ahora transcurría lejos de la prensa promete calentarse en las próximas semanas, ya que el empresario desilucionado, Victorino Serri, un bon vivant de Parma, se presentó como querellante y actor civil y reclama una indemnización de 25 millones de pesos.