Dos fiscales –una federal y otra provincial-- fueron las receptoras de las presentaciones efectuadas por el denominado Comité de Solidaridad de Santa Fe, quien inició una demanda penal contra ambos gobiernos, mientras que las restantes las presentaron asociaciones civiles gremiales y de organismos de derechos humanos.
Se trata de la titular de la Fiscalía Federal nº 2, a cargo de Cintia Gómez y de la Fiscal provincial Griselda Tessio, quien también recibió la demanda que habían impulsado los fiscales federales porteños Luis Comparatore y Patricio Evers.
En la presentación efectuada por el Comité de Solidaridad de Santa Fe, con el patrocinio de la abogada Lucila Puyol, se pidió que sea investigada la presunta comisión de “estragos culposos calificado”, e incumplimiento de los deberes de funcionarios público.
Asimismo, se cuestiona a las autoridades gubernamentales –no se hace mención de nombres-- por la “falta de política de control de las aguas”, uno de los puntos mas controvertidos en torno a la intervención del gobierno de Carlos Reuteman, para prevenir el avance de las aguas.
A todo esto se sumaron las acusaciones de vecinos de distintos barrios que quedaron tapados por las aguas, contra el intendente santafesino Marcelo Alvarez, quien horas antes de la crecida sin control de las aguas del Rio Salado, habría transmitido la seguridad que no corrían peligro de inundación.
La situación de algunos funcionarios de gobierno podría empeorar –según los analistas locales- si cuando desciendan las aguas en los barrios que aún permanecen anegados se confirma los presagios de una importante cantidad de víctimas fatales, quienes habrían quedado atrapadas en sus viviendas.