Tras varios debates en Comisión, la Cámara de Diputados abrió la investigación por "mal desempeño" contra los miembros del Máximo Tribunal y se inicia así la etapa para recabar pruebas y citar testigos.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por mayoría el informe de admisibilidad de las denuncias contenidas en los 14 pedidos de juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Con 16 miembros sobre 31 de la comisión, el Frente de Todos impuso que de los 14 proyectos "se acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales".
Entre las denuncias, se destaca la impulsada por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores oficialistas que acusan a los jueces por mal desempeño de sus funciones por el fallo de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; por haber restituido la antigua ley del Consejo de la Magistratura; por el fallo del 2×1 que beneficiaba a represores; y por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
“El tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático”, se lee en el informe de admisibilidad.
En el texto se lee que "es indudable, a esta etapa temprana del proceso que, si estos hechos y susatribuciones son demostrados cabalmente se afectaría el normal desenvolvimiento de laRepública, por lo tanto, no pueden ser rechazados sin investigación, amplitud probatoriay defensa".
"Además, los referidos, están abastecidos por prueba documental, testimonial e informativa, que, en principio, no luce como “claramente improcedente” o desviada a la ligazón con los sucesos denunciados", se añade al respecto.
Entre las denuncias, se destaca la impulsada por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores oficialistas que acusan a los jueces por mal desempeño de sus funciones por el fallo de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; por haber restituido la antigua ley del Consejo de la Magistratura; por el fallo del 2×1 que beneficiaba a represores; y por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
Lo aprobado este jueves constituye un primer paso para la apertura de la investigación contra los jueces del máximo tribunal. Luego, en el trajín de la investigación, entre la elaboración de la prueba y la cita de testigos, pueden pasar hasta meses para que la iniciativa avance.
Antes de finalizar la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, adelantó que "si hay nuevos pedidos y ampliaciones será evaluado posteriormente". De momento, "no hemos avalado nada de lo nuevo que ha ingresado. Todos los diputados han tenido conocimiento de todos los expedientes", agregó.
"Una vez tratada la resolución que propone la admisibilidad" en la próxima reunión que será el jueves 16 la intención será avanzar "en un cronograma para producir la prueba".