El Gobierno nacional dispuso el pago de una indemnización dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de Argentina por la desaparición forzada de dos personas -un matrimonio-, perpetradas en el marco del plan sistemático de represión implementado en el período 1976-1983 y en el contexto de la "Operación Cóndor". Así se dispuso un monto total equivalente a USD 861.860,98 en concepto de indemnizaciones por daño material (lucro cesante) e inmaterial, costas y gastos, medida de rehabilitación y reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la CorteIDH, según se oficializó en el Boletín Oficial.