En la resolución de más de 30 carillas, que Diariojudicial.com publica íntegra en exclusiva, el juez Galeano denuncia por primera vez en la larga investigación que “continúan las acciones subrepticias para evitar o neutralizar el costo político emergente” buscando imponer “una total crisis de legitimidad de manera de desarticular y restar eficacia a la labor jurisdiccional”.
Para el juez, que cita en este punto a expertos internacionales en terrorismo, la crisis de legitimidad es la última etapa en una operación tendiente a garantizar la impunidad de los responsables de actos de terrorismo. En las anteriores, se busca “generar una crisis de confianza hacia la autoridad estatal” -en este caso su juzgado- y en la segunda “se avanza hacia un conflicto de legitimidad, utilizando al efecto distintos canales y protagonistas, incluyendo entre estos algunos de la más absoluta buena fe”.
En este sentido, Galeano ubica entre los efectos adicionales de una acción terrorista, en este caso, la “crisis de la comunidad judía argentina”, que “tomó estado público y que se tradujo en una diversidad de posiciones e interpretaciones con relación al trágico atentado”. El juez califica de “paradójica” esta división, pero indica que se trata de un efecto “seguramente esperado por los responsables de los atentados”.
“El ejemplo constituye una demostración de la extensión en el tiempo de la conmoción buscada y una potenciación del éxito perseguido por los terroristas”, destaca el titular del juzgado federal 9.
Lejos de la prensa
En otro apartado, el juez explica por qué mantuvo un actitud distante con respecto a la prensa, a la que concedió una sola entrevista en los últimos ocho años. “La ampliación periodística y el refuerzo del marco de espectacularidad teatral es un objetivo buscado por los agentes del terror” advierte, y asegura que, por eso, se impuso “no hacer declaraciones públicas, aún cuando existieron operaciones provocativas, que en un primer impulso incitaban a la respuesta pública”, reconoció.
Más adelante, Galeano advierte que la amenaza del terrorismo no sólo sigue vigente sino que se amplificó en los últimos años, y reclamó “la implementación de políticas de previsión y prevención frente a la amenaza global” del fenómeno y “el diseño de acciones de defensa civil, realización regular de simulacros, adecuada protección del escenario del terror a los fines de resguardar las pruebas que den sustento a la acción judicial”.
En esa línea, recordó que varias veces procuró que el Parlamento sancionara leyes para facilitar la tarea judicial en este tipo de delitos, y recordó que, hasta hoy, no obtuvo respuesta. “he propuesto iniciativas en el ámbito legislativo vinculadas a introducir legislación específica en materia terrorista y también solicité al Poder Ejecutivo la reglamentación del decreto que estableció recompensas para los que colaboraran en el esclarecimiento de los atentados terroristas. Dejo constancia que no he tenido respuestas concretas en ambos casos”, indicó.