En la causa “SOCIEDAD RURAL ARGENTINA Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO Y OTRO s/AMPARO LEY”, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa iniciada por la SRA contra las retenciones agropecuarias se debe tramitar en Córdoba.
Se trata de la demanda colectiva contra el Estado, concretamente contra Aduana y AFIP, iniciada por la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Jesús María, con el objetivo que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios a partir del 1° de enero de 2022. La misma se radicó en el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, donde seguirá su curso.
Para los magistrados, “admitir la competencia del Juzgado Contencioso Administrativo, implicaría ir en contra de los principios elementales de la organización constitucional, vaciando así las competencias asignadas a la justicia federal con asiento en las provincias, como así también vulnerar derechos elementales como son el acceso a la justicia y el principio de tutela”.
El Tribunal integrado por José Luis López Castiñeira y Luis Márquez entendió que en el caso se trata de "actos emanados de autoridades públicas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos efectos no se circunscriben a una jurisdicción específica sino que éstos se producen respecto de la totalidad del territorio nacional".
En ese sentido, “la circunstancia de que los tribunales federales con asiento en las provincias ejerzan su jurisdicción contencioso administrativa sobre actos dictados por entidades de la administración que tienen su sede en esta ciudad fomenta el federalismo, la descentralización institucional y la aplicación efectiva de los derechos de los usuarios y consumidores de servicios públicos”, fundamentaron los camaristas.
Para los magistrados, “admitir la competencia del Juzgado Contencioso Administrativo, implicaría ir en contra de los principios elementales de la organización constitucional, vaciando así las competencias asignadas a la justicia federal con asiento en las provincias, como así también vulnerar derechos elementales como son el acceso a la justicia y el principio de tutela”.
El origen de la demanda
La SRA inició la causa, mediante una acción de amparo contra el Estado Nacional para que "se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios a partir del 01/01/22, así como de cualquier disposición reglamentaria en la cual se pretenda sustentar ese reclamo tributario, y se lo condene a cesar con su cobro, instruyendo en tal sentido a la AFIP para que cese con su reclamo y percepción".
El reclamo fue admitido por el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, pero luego el juez Enrique Alonso Regueira, tras analizar un recurso presentado por la AFIP, consideró que "la acción entablada se dirige contra la conducta desplegada por la AFIP-Aduana y contra determinados decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, que la misma tiene carácter colectivo y que la composición del colectivo incluye a todos los productores agropecuarios del país".
El magistrado consideró que el litigio contempla "actos emanados de autoridades públicas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos efectos no se circunscriben a una jurisdicción específica sino que éstos se producen respecto de la totalidad del territorio nacional".
Con esta decisión de Cámara, la causa volverá a tramitarse en el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba.