El Gobierno reglamentó la ley 27.709 de creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de carácter continuo, permanente y obligatorio destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.
Se trata de la norma conocida como "Ley Lucio", aprobada tras el asesinato del niño de 5 años Lucio Dupuy que sufrió una brutal golpiza por parte de su madre y de su pareja.
Fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 360/2023, con la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
Todas las personas que se desempeñen en la “función pública en todos los niveles y jerarquías del Poder Ejecutivo, cualquiera fuera la modalidad de contratación y/o relación, independientemente del régimen estatutario al que pertenezcan, deberán recibir capacitaciones sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes”, según la reglamentación.
Se promoverán los acuerdos o convenios necesarios con el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos para alcanzar con la capacitación a las autoridades y equipos técnicos y administrativos de esos organismos. Lo mismo sucederá con las Universidades Nacionales.
Todas las personas que se desempeñen en la “función pública en todos los niveles y jerarquías del Poder Ejecutivo, cualquiera fuera la modalidad de contratación y/o relación, independientemente del régimen estatutario al que pertenezcan, deberán recibir capacitaciones sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes”, según la reglamentación.
“Los y las agentes de la Administración Pública Nacional que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes serán intimados e intimadas en forma fehaciente a través de la Unidad Responsable de las acciones de personal de cada organismo. El incumplimiento será considerado falta grave y dará lugar a las sanciones correspondientes conforme la normativa vigente en materia de Empleo Público Nacional”, añade.