El Gobierno nacional avanzó en un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones celebrado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el cual el Estado reconoce su responsabilidad en la violación a los derechos humanos sufrida por Diego Armando Pacheco, quien sufrió una detención arbitraria en Chubut.
Esta decisión forma parte de las medidas reparatorias por la detención ilegal de Pacheco, que se originó tras una petición formulada en 2004 por Arnaldo Hugo Barone y Jorge Fabricio Benesperi, Defensor General y Secretario de la Defensoría General de Chubut, en su carácter de abogados defensores.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Agustín Rossi; del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; y del canciller Santiago Cafiero.
El organismo interamericano había recomendado al Estado Argentino “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial”. Se consensuó el texto del acuerdo y fue suscripto el 9 de agosto de 2022.
La CIDH consideró que el Estado argentino es responsable por la violación del derecho a recurrir el falo y a no ser semetido a detención o encarcelamiento arbitrarios, como también la vulneración del prinicipio de legalidad y el deber de adoptar medidas de protección especial a los adolescentes en conflicto con la ley penal, en perjuicio de Pacheco, indica el Decreto 388/2023.
El organismo interamericano había recomendado al Estado Argentino “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial”. Se consensuó el texto del acuerdo y fue suscripto el 9 de agosto de 2022.
En este documento, la partes acordaron, entre otros aspectos, en constituir un Tribunal Arbitral “ad-hoc”, a efectos de que determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas al peticionario conforme a los derechos cuya violación ha sido declarada por la CIDH.