Los dos primeros decidieron dejar la destacada labor que estaban llevando a cabo en la justicia, para sumarse desde el Ejecutivo al desafío de lograr un sistema judicial más eficiente, justo e independiente y que sea percibido por la sociedad no como un laberinto kafkiano, sino como un recurso al alcance de todos los ciudadanos.
Sin embargo, ni Norberto Quantín, flamante Secretario de Seguridad, ni Pablo Lanusse, nuevo Secretario de Justicia, han renunciado a sus cargos en otro poder del Estado, sino que se han limitado, a pedir licencia según sus propios dichos “sin goce de sueldo”, como si esto último consistiera en un mérito para el aplauso.
La separación de poderes, más allá de una declamación dogmática, tiene su razón de ser en el valor institucional que tiene el control que los poderes se realizan entre sí en forma interdependiente. Las metas de la nueva gestión son tan ambiciosas, que seguramente de ser exitosas constituirán políticas de Estado, que perdurarán y se cimentarán en el tiempo más allá de Béliz o Kirchner.
Es por ello que en círculos judiciales llamó profundamente la atención que el primer acto fundacional de estos altos funcionarios que llevarán adelante semejante tarea, sea la idea como mínimo mezquina, de mantenerse atados a sus cargos, obturando el recambio natural, que debería generar su propia decisión de aceptar funciones de gobierno en otro poder del Estado.
La indiscutible calidad de "cargos políticos" que revisten estas designaciones, no parece compatible con los criterios de circunspección y prudencia que todo funcionario judicial debe mantener en su tarea. Incluso, con este antecedente, todos los fiscales quedarían habilitados a generar "contactos políticos", que le posibiliten en el día de mañana encontrarse bien posicionados para acceder a cargos similares y luego volver a la función. Esto sin duda abre un frente de intereses partidarios que será muy difícil de arbitrar.
Los primeros perjudicados serán, como siempre, los ciudadanos, que verán en al menos dos cargos importantes de la acusación pública, uno de primera y otro de segunda instancia, un bache temporal que deberá ser asumido por subrogancias de algunos de sus colegas, que en actividad deberán redoblar sus esfuerzos, para sumar a sus tareas, ya de por si recargadas, las de los funcionarios ahora licenciados.
Sin duda no es el gesto patriótico que ambicionó Béliz para este enjundioso comienzo de misión ministerial. Quien otrora se retirara de un portazo de la cartera de Interior durante el gobierno de quien lo prohijó en sus primeros cargos públicos, sabe quizás como ninguno que mejor que decir es hacer.