Se presentó en la Cámara baja un proyecto para modificar la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública e incorporar “el lenguaje claro”, sin términos en latín ni tecnicismos.
Lo impulsa la diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical) para “promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los actos, documentos y textos legales y formales que emita la Administración Pública Nacional para garantizar a ciudadanos y ciudadanas la transparencia de los actos de gobierno, el derecho a comprender los actos de gobierno y el acceso a la información pública”.
Así se busca reducir errores, aclaraciones innecesarias, intermediarios y costos, como también aumentar la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos, fomentar un ejercicio efectivo de rendición de cuentas por parte del Estado, promover la transparencia y el acceso a la información pública, facilitar el control ciudadano a la gestión pública y la participación ciudadana y generar confianza en la ciudadanía, limitar ambigüedades y proveer comunicaciones efectivas.
“Los beneficiarios son las personas a quienes llega esa información, esa ley, ese documento, ese acto administrativo, esa sentencia, esa resolución, esa respuesta a una solicitud; que estará escrita de manera sencilla, sin términos en latín, tecnicismos o giros innecesarios que dificultan la comprensión del texto”, señala el texto en sus fundamentos.
La iniciativa está dirigida a los organismos públicos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las “empresas del Gobierno Nacional y las vinculadas por el motivo que sea”.
“Los beneficiarios son las personas a quienes llega esa información, esa ley, ese documento, ese acto administrativo, esa sentencia, esa resolución, esa respuesta a una solicitud; que estará escrita de manera sencilla, sin términos en latín, tecnicismos o giros innecesarios que dificultan la comprensión del texto”, señala el texto en sus fundamentos.
Y añade: “Caen por tierra los argumentos que sostienen que este mecanismo atenta contra la formalidad o profesionalismo de los textos, que vulgariza el derecho y baja el nivel de los documentos públicos, que se busca eliminar los latinismos, cuando entendemos que el Estado brinda un servicio a la comunidad y debe, por todos los medios, tender a mejorar ese servicio y llegar a sus destinatarios de manera eficiente y eficaz. Además, es contrario a la autonomía pensar que el abogado y la abogada deben ser traductores del derecho”.