El pedido formulado al juez que entiende en la causa Jorge Luis Ballestero tiene características similares al presentado hace un año, que se hizo extensivo a los ex funcionarios Daniel Marx, Julio Dereizzen y Jorge Baldrich.
Sin embargo, en aquella ocasión Ballestero había dejado sujeta una resolución a los resultados de una pericia contable tendiente a “establecer los verdaderos alcances económicos y financieros de la operación investigada”.
La pericia podría adquirir un valor significativo para el procesamiento del ex funcionario y sus colaboradores habida cuenta de los antecedentes que obran en la Cámara Federal, según se advirtió, y que están referidos al delito de “administración fraudulenta contra el Estado Nacional”.
En ese sentido, y tras conocerse la resolución de la pericia, los fiscales consideraron que ahora “están dadas las condiciones” para que se expida el magistrado.
"Las circunstancias apuntadas fuerzan la renovación de los pedidos formulados", afirmaron los fiscales, para quienes Cavallo y Marx son autores de defraudación a la administración pública y Dreizzen y Baldrich "partícipes necesarios" del delito, por lo que requirieron que también sea indagado el banquero David Muldford, quien intervino en la renegociación.
En la causa consta un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) del que surgen las supuestas anomalías en la instrumentación de la operación ya que se "han detectado falencias en la instrumentación de la operatoria en la etapa de definición del convenio con los operadores intermediarios, implementación de las liquidaciones y pagos y su registración", al amparo del decreto presidencial 648/01.
Esa norma fue la que, impulsada por el Ministerio de Economía, propició la renegociación de la deuda externa con un incremento de la misma que Freiler y Delgado calcularon en unos 55.000.000.000 de pesos.
El informe de la SIGEN marca "debilidades de control interno en los procedimientos previstos para esa operatoria" lo que "genera incertidumbre sobre el universo de gastos realizados y puede ocasionar futuros reclamos por servicios prestados por montos que superen el tope dispuesto por el decreto".