La Corte Suprema de Justicia le puso un punto final a la situación de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, quien cumplió la edad límite sin obtener el acuerdo del Senado: declaró que cesó en sus funciones el pasado 9 de agosto.
“Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”, indicó el máximo tribunal en la resolución 2338.
De este modo, los cuatro supremos ordenaron poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura a fin de que “adopte las medidas que estime necesarias”. Vale recordar que Figueroa seguía en el cargo, pero sin firmar sentencias. En el Senado hubo varios intentos fallidos para aprobar su pliego y por estas horas analizaba una posible licencia extraordinaria.
En paralelo, los diputados Álvaro González y Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) presentaron proyecto de ley sobre el cese de los magistrados a los 75 años, reglamentando el artículo 99, inciso 4° de la Constitución Nacional, el cual dispone que los jueces del Poder Judicial de la Nación cesan en sus cargos al cumplir 75 años de edad, salvo que sean previa y nuevamente designados. La nueva designación requiere el acuerdo del Senado y no puede extenderse por más de cinco años, de acuerdo con el texto constitucional.
En este escenario, el proyecto propone el “cese automático en sus funciones de los jueces que alcancen la edad de 75 años y no hayan recibido previamente una nueva designación dispuesta con los requisitos y exigencias previstos en la Constitución”.
A esta situación se suma una denuncia penal de los diputados Fernando Carbajal, Pedro Galimberti y Jorge Rizzotti, quienes apuntaron contra Figueroa por la presunta “usurpación de autoridad, títulos u honores”. La ahora exmagistrada ya había sido denunciada por supuesto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, pero el juez federal Daniel Rafecas desestimó todas las presentaciones.
“La solución brindar certeza a la situación del magistrado y resguarda los derechos de los justiciables que pudieran verse afectados por la actuación de un juez de dudoso título”, señalaron los legisladores en sus fundamentos.
La iniciativa también dispone que solo el tramite completo de una nueva designación, que culmine con el necesario decreto de nombramiento emitido por el Presidente, “permite al juez involucrado continuar desempeñando su cargo”. Asimismo, el texto propicia que una vez producida la vacante automática, el Consejo de la Magistratura convoque “inmediatamente al concurso".
A esta situación se suma una denuncia penal de los diputados Fernando Carbajal, Pedro Galimberti y Jorge Rizzotti, quienes apuntaron contra Figueroa por la presunta “usurpación de autoridad, títulos u honores”. La ahora exmagistrada ya había sido denunciada por supuesto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, pero el juez federal Daniel Rafecas desestimó todas las presentaciones al entender que "las conductas no revisten relevancia suficiente para atravesar el estricto análisis de racionalidad que habilita el ejercicio del poner punitivo del estado, el cual resulta ser excepcional y de ultima ratio".
En tanto, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, reclamó que se proceda a la “urgente convocatoria a concurso” para cubrir la vacante. Este último pedido fue elevado a los cuatro consejeros en representación de la matrícula, con el objeto de “garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia”. En la nota, Gil Lavedra también solicitó que “se arbitren los medios necesarios a fin de que se garantice el acceso igualitario y la igualdad de trato en el concurso para todos los abogados y abogadas de la matrícula”.