La pelea por las partidas presupuestarias para los aumentos de sueldos se vuelve a repetir. Tal como sucedió en mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia requirió formalmente el cambio de partidas, pero el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, rechazó el pedido.
Se trata del tercer tramo de la recomposición salarial acordada entre la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y el máximo tribunal. El martes pasado, el ministro Horacio Rosatti solicitó las modificaciones en las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios, para otorgar un 6,5% a partir del 01 de julio para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.
Julio Piumato, líder del gremio, había solicitado originalmente una suba cercana al 8%, pero llegó a un punto intermedio con el Tribunal y acordó que “una vez conocida la inflación de septiembre y agosto, se efectivizará la recomposición salarial de acuerdo a ella”.
Pero desde el Gobierno nacional “copiaron y pegaron” los mismos argumentos brindados meses atrás y solamente hicieron hincapié en que la Corte “ha incrementado, a la fecha, sus disponibilidades en cuentas bancarias y plazos fijos”. De este modo, Jefatura de Gabinete volvió a sugerir la utilización de los ahorros acumulados en el "fondo anticíclico" de la Corte, creado en noviembre de 2008.
Circuló una nota de rechazo supuestamente de la Jefatura de Gabinete a cargo de Agustín Rossi, que luego se supo que era falsa. Era similar en aspecto a una original y tenía la firma electrónica del funcionario.
Desde la Corte también defendieron el aumento y afirmaron que “la dilación u omisión de respuesta compromete la independencia del Poder Judicial en tanto afecta la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados (art. 110 de la Constitución Nacional) y amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.
“Tratándose de un Poder independiente, no corresponde en esta órbita interpretar las necesidades salariales de Magistrados, Funcionarios y empleados, sino establecer las herramientas que permitan atender los requerimientos de las distintas jurisdicciones. Debe considerarse que los aumentos salariales planteados impactan de igual manera en los haberes del personal del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría General de la Nación, según las disposiciones del artículo 61 de la Ley N° 27.148 y de los artículos 49 y 50 de la Ley N° 27.149, debiendo ser atendidos con recursos del Tesoro Nacional, lo que tensiona la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante”, señala la nota firmada por Rossi.
Esta situación repercutió rápidamente en el servicio de justicia, ya que el gremio comenzó con medidas de fuerza y convocó a una nueva huelga de 24 horas para este viernes si para entonces “el personal no cobró ese incremento”.
Un documento del sindicato justificó las protestas ante “las incomprensibles demoras para efectivizar el tercer tramo del aumento salarial, por lo que la organización sindical retomó la lucha y no se quedará de brazos cruzados”, aseguró Piumato y agregó: “No hay motivos para desatender las necesidades de los y las que trabajamos en la justicia, quienes al igual que el resto de los trabajadores y trabajadoras del país, somos los principales afectados por una inflación descontrolada”.
Desde la Corte también defendieron el aumento y afirmaron que “la dilación u omisión de respuesta compromete la independencia del Poder Judicial en tanto afecta la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados (art. 110 de la Constitución Nacional) y amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.