La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió 140.260 denuncias correspondientes a 184.132 personas afectadas en sus 15 años de existencia. Asimismo, registró un acumulado de 76.473 consultas informativas.
Para conmemorar su 15to aniversario, la OVD, creada el 15 de septiembre de 2008, elaboró un informe especial titulado 15 años de trabajo de la Oficina de Violencia Doméstica 2008-2023. En este período acudieron a la oficina 216.733 personas, y las principales afectadas fueron mujeres (64%), y niñas, niños y adolescentes (30%).
El 80% de las personas denunciadas durante estos 15 años fueron varones, que superaron en número y proporción a las mujeres en todos los grupos de edad. El informe precisa que el grupo etario de los más denunciados está comprendido entre los 22 y los 49 años (63%).
Los equipos interdisciplinarios de la OVD evaluaron el riesgo de las personas afectadas y determinaron la presencia de diferentes tipos de violencia: psicológica (96% de los casos), física (59%), ambiental (32%), económica y patrimonial (33%), social (17%) y sexual (11%).
El 41% de los casos fue evaluado como de riesgo altísimo y alto, y el 47% como medio y moderado. Solo el 12% de los casos tuvo riesgo bajo.
El 80% de las personas denunciadas durante estos 15 años fueron varones, que superaron en número y proporción a las mujeres en todos los grupos de edad. El informe precisa que el grupo etario de los más denunciados está comprendido entre los 22 y los 49 años (63%).
Las denuncias recibidas fueron derivadas principalmente a la Justicia Nacional en lo Civil (99%) y a la Justicia Penal (88%).
La OVD implementó, desde sus inicios, un servicio inédito en la Justicia argentina: atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso los fines de semana y feriados. En este sentido, en los últimos 15 años, 7 de cada 10 denuncias se hicieron fuera del horario judicial de atención al público, lo que facilitó el acceso a justicia de la población afectada.
El surgimiento de la OVD implicó el rediseño del abordaje judicial sobre esta problemática, a partir de la incorporación de equipos interdisciplinarios (integrados por profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina) para la evaluación del riesgo, la correcta derivación, el seguimiento judicial de los casos y el trabajo en red con otros organismos del Estado.