La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, mediante un Acuerdo, informó a los titulares de cada judicatura y dependencia que todos los magistrados, funcionarios y empleados deberán concurrir de manera presencial a su lugar de trabajo.
Solo se autorizará, excepcionalmente y por razones de mejor servicio la realización de trabajo remoto, en la modalidad que deberá comunicarse fundadamente a la Presidencia de la Cámara en el plazo de cinco días.
Los magistrados sostuvieron que la modalidad virtual “ha contribuido a dar celeridad a los procesos, sobre todo si se tiene en cuenta que las partes pueden tomar vista de los expedientes, realizar presentaciones y participar de las audiencias de forma”, pero “luce pertinente la adopción de un criterio uniforme respecto de la concurrencia de magistrados, funcionarios y empleados a las respectivas dependencias”.
Con la firma de Julio Lucini, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Ricardo Pinto, Mariano Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López, Magdalena Laíño y Pablo Guillermo Lucero, el texto recordó que “producto de la pandemia por COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas, en consonancia con lo resuelto por el Máximo Tribunal en sus Acordadas 4/2020 y 12/2020, se instauró paulatinamente la digitalización de los legajos y el perfeccionamiento de herramientas tecnológicas para la realización de los actos procesales a distancia”.
Así, “la eliminación por completo del soporte papel -a partir de las mejoras introducidas en el Sistema de Gestión Judicial Lex100 y en la conectividad-, junto con la puesta en valor de los equipos instalados, la provisión de otros actualizados en sus programas y la incorporación de plataformas virtuales para videollamadas han permitido en juzgados y salas la adopción de nuevas modalidades de trabajo presenciales, remotas y mixtas”, agregaron los camaristas.
Los magistrados sostuvieron que la modalidad virtual “ha contribuido a dar celeridad a los procesos, sobre todo si se tiene en cuenta que las partes pueden tomar vista de los expedientes, realizar presentaciones y participar de las audiencias de forma”, pero “luce pertinente la adopción de un criterio uniforme respecto de la concurrencia de magistrados, funcionarios y empleados a las respectivas dependencias”.
El CPACF, a favor de la medida
Tras conocerse la resolución, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, salió a defender la vuelta a la presencialidad. Expresó que “el trabajo judicial tiene que tener una regulación uniforme. Al menos dentro de cada fuero” y que “no puede ser que cada uno de los jueces nacionales o federales regule una modalidad de trabajo diferente”.
Cabe recordar que en julio pasado, el ex camarista reclamó que “vuelva la presencialidad plena al Poder Judicial”, en una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, haciendo hincapié que “la pandemia terminó”.
“Es necesario que se cumpla lo decidido por la Corte Suprema, respecto de la presencialidad en todos los tribunales, a fin de no perjudicar el adecuado servicio de justicia”, había subrayado en referencia a la acordada del 20 de octubre de 2021. Finalmente, había añadido que “muchos juzgados no cumplen con ella, causando así un deterioro en la atención al público en general y a los matriculados/as en particular”.
En la misma senda, el secretario general del CPACF, Martín Casares destacó “la importancia del trabajo conjunto entre los abogados y el Poder Judicial para mejorar el funcionamiento diario de los tribunales” y bregó porque más tribunales se sumen a esta iniciativa de la Cámara del Crimen