Por medio de la Acordada N° 32/2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la creación de una Oficina de Ciberseguridad que funcionará bajo la órbita de la Dirección de Sistemas y tendrá como misión gestionar la seguridad del tribunal en esta materia.
El objetivo principal será garantizar “la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y sistemas, mediante una gestión proactiva frente a amenazas cibernéticas y promoviendo una cultura robusta de seguridad informática”.
Sus objetivos apuntan a desarrollar estrategias proactivas para prevenir ataques y brechas de seguridad, establecer instancias de formación interna en base a las mejores prácticas y tendencias disponibles, asegurar el alineamiento de las operaciones y los sistemas con la normativa vigente y mantener protocolos claros y efectivos para una respuesta rápida ante eventuales incidentes.
La flamante dependencia asumirá, entre otras funciones, las de supervisar y proteger la infraestructura tecnológica para detectar, prevenir y neutralizar actividades maliciosas a través de un monitoreo constante; y realizar una evaluación continua de vulnerabilidades y riesgos.
Además, diseñará e implementará estrategias para mitigarlos; instrumentará programas de capacitación y concientización para el personal, que promuevan prácticas seguras en el uso de tecnologías.
Sus objetivos apuntan a desarrollar estrategias proactivas para prevenir ataques y brechas de seguridad, establecer instancias de formación interna en base a las mejores prácticas y tendencias disponibles, asegurar el alineamiento de las operaciones y los sistemas con la normativa vigente y mantener protocolos claros y efectivos para una respuesta rápida ante eventuales incidentes.
En sus considerandos, los ministros firmantes sostuvieron que la Corte, “como custodio de información crítica y sensible, tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la resiliencia y protección de sus sistemas informáticos frente a cualquier amenaza cibernética”.
En ese marco los jueces agregaron que la supervisión de la operatividad, seguridad y resiliencia de los sistemas informáticos del Máximo Tribunal resulta fundamental “para garantizar el acceso efectivo a la justicia, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y fortalecer el Estado de Derecho en un entorno digital”.