La existencia de estas fotos fue detectada por el responsable de la Unidad Especial de Investigación del atentado (UEI), Alejandro Rúa. El organismo, que funciona en el ámbito del ministerio de Justicia, ya pidió que le remitan copias de esas fotografías, pero sólo recibió negativas por parte de la SIDE comandada hasta hace poco menos de un mes por Miguel Ángel Toma.
“La Secretaría de Inteligencia se negó a remitir todas y cada una de las fotografías que, a través de la gestión de las distintas áreas de ese Secretaría que pudieran haber intervenido, se tomaran en la zona en que tuvo lugar el atentado”, advierte Rúa en una rendición de cuentas que se publica en la página web del organismo, en www.jus.gov.ar/minjus/Amia/Informe01/Informe_0462.htm
“Aún hoy en las audiencias del juicio se trata de quitar incertidumbre sobre el modo en que se produjeron realmente distintas circunstancias, sobre todo en las primeras semanas de la investigación”, remarcó Rúa en su informe de gestión y reiteró el pedido para que “se revierta la ilegítima negativa que también sobre este punto opusiera la Secretaría de Inteligencia”.
La referencia del responsable de la UEI al juicio oral a la supuesta “conexión local” del atentado en este punto no es casual, durante toda la primera etapa del debate se exhibieron a muchos testigos decenas de fotografías del lugar del atentado, que constan en el informe de los bomberos de la Policía Federal y en medios de prensa.
También se polemizó a fondo en torno al ritmo de la remoción de escombros y los consiguientes hallazgos de piezas de la camioneta-bomba que son pruebas centrales en el expediente.
Entre esas piezas figura el block del motor cuya numeración llevó a uno de los acusados, Carlos Telleldín. Pero ese hallazgo fue severamente cuestionado en el juicio. Es que dos altos jefes de Bomberos para la época del atentado, Jorge Rago y Norberto Corcetti, dijeron que el motor apareció un día después del atentado y no una semana más tarde, como figura en el expediente, y tiempo después otro oficial, Horacio Lopardo, reconoció que firmó el acta de secuestro del motor pero no presenció el momento del hallazgo.
Estos testimonios fueron interpretados como verdaderas revelaciones por los defensores y aunque luego quedaron parcialmente descartados, el book fotográfico -que ahora se sabe que la SIDE posee- tal vez hubiera servido para aclarar algo más del asunto.
Sigue la pelea con Bonadío
En otro apartado de su informe de gestión, Rúa volvió a criticar duramente al juez federal Claudio Bonadío, a quien acusa de obstruir la labor de su repartición en torno al seguimiento de la llamada “investigación de la investigación” del atentado, en torno a supuestas irregularidades en la pesquisa judicial.
“Los obstáculos que el juez Bonadío continúa aún hoy poniendo a los pedidos que hace esta Unidad en virtud de sus facultades legales, adquieren una contundente entidad gravosa”, dice Rúa, quien aseguró que aún no se estableció si algunas de las supuestas irregularidades son “piezas del entramado de planificación, ejecución y encubrimiento del atentado”.
Rúa recordó que ya en su momento, por la negativa de Bonadío -que calificó de “autocrática”- tuvo que reclamar ante la Cámara Federal que se le permita compulsar el expediente, y el cuerpo colegiado le dio la razón. Sin embargo, el juez no le permitió el acceso a la investigación.
“Desde hace ya casi un año y medio que esta Unidad reclama que el juez Bonadío cumpla con las obligaciones que le impone el código procesal que debe regir su proceder; y pese a que ha obtenido ya que la cámara de apelaciones reconozca reiteradamente la legalidad de sus reclamos, sigue encontrando la arbitraria oposición del juez de primera instancia al cumplimiento de cuanto le corresponde”, advirtió el funcionario del ministerio de Justicia.
Además, Rúa pidió a las autoridades del ministerio que remitan al Consejo de la Magistratura los antecedentes de su pelea con Bonadío “a fin de que se cuente en esa instancia con todos los antecedentes del caso”.