El juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del proceso -se realiza con un tribunal unipersonal por tratarse de una delito correccional- había decidido realizar la audiencia (en la que está prevista la declaración de un solo testigo) a puertas cerradas y en su despacho, para evitar “escraches” al ex represor.
Tras el planteo del INADI y la APDH para que la audiencia fuera pública, funcionarios del Tribunal reconocieron que quedaron “sobrepasados por la expectativa” que despertó el proceso y prometieron resolver el pedido para la audiencia de la semana que viene.
La decisión de Oyarbide de limitar el acceso de público motivó un pedido especial de los cronistas acreditados en Tribunales, que motivó que Oyarbide prometiera dejar una puerta abierta para que los hombres de prensa pudieran seguir las alternativas de la audiencia.
Pero luego Enrique Oteiza, presidente del INADI, y Juan Ramos Padilla, secretario de Defensa de las Libertades Públicas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentaron un escrito afirmando que si el juicio era a puertas cerradas, ello constituiría una “violación a elementales principios del derecho públicos, constitucional y procesal”.
“En un caso de discriminación, la publicidad y el cumplimiento estricto de las normas procesales, resultan ineludibles toda vez que la difusión de la actuación de la justicia en materia de discriminación, es precisamente uno de los objetivos” que prevé la ley antidiscriminatoria, dicen los abogados en su escrito.
En el debate estaba previsto comenzar a analizar la conducta del destituido ex general del Ejército a raíz de sus declaraciones públicas cuando afirmó que a los judíos “los conozco bien y les tengo prevención”, lo que motivó la querella por parte de la Asociación de Delegaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
Suárez Mason está procesado con prisión preventiva (domiciliaria) en dos causas. Una por la sustracción, ocultamiento y supresión de identidad de menores durante la última dictadura y otra por la desaparición de una veintena de militantes montoneros en los últimos años del Proceso.