La denuncia fue formulada por el titular de la Federación de Cámaras de la República Argentina (FEDECAMARAS) Rubén Manusovich, quien señaló que "entre las exigencias del FMI" figuran "evitar o abortar cualquier prórroga en la ejecución de subastas por créditos hipotecarios, lograr un aumento en las tarifas de los servicios públicos privatizados y la inmunidad de funcionarios del Banco Central de la República Argentina".
Según confirmaron fuentes tribunalicias, la acción penal, también está dirigida contra las "empresas concesionarias de servicios públicos", y los responsables del "sistema bancario y extrabancario que operan en el país".
Manusovich reclamó, asimismo, que, aprovechando que el próximo lunes llega al país una comitiva del FMI, presidida por Horst Köhler‚éste y los delegados del organismo sean citados a declarar por el magistrado.
Manusovich expresó además que otras de las exigencias con que el FMI piensa presionar sobre el gobierno argentino son "la modificación de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Combustibles" y cambios en la situación de bancos estatales, "principalmente los de la Nación Argentina, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires".
"Los medios empleados para la obtención de éstas metas por parte del FMI consisten en intimidar al Gobierno Nacional con la negativa a suscribir un "acuerdo" que prorrogue próximos vencimientos de pago de la deuda externa contraída por nuestro país", expresó en su denuncia.
Por otra parte, advirtió que "la injerencia del FMI trajo como consecuencia el desmesurado aumento de los índices de desocupación y pobreza, así como el estallido de la crisis bancaria que se produjo en diciembre de 2001".
Sobre las prórrogas de las suspensiones de las ejecuciones hipotecarias, Manusovich dijo que el FMI "ejerció fuertes presiones" para que sea vetado por el Poder Ejecutivo Nacional e incluyó como responsables, por "participación necesaria", al "sistema bancario y extrabancario que opera en el país".
La denuncia consignó que "respecto a las tarifas de los servicios públicos privatizados", el FMI "brega fuertemente por un aumento, evitando que se concreten audiencias públicas, que se auditen las ganancias obtenidas por las empresas concesionarias, que se investigue la fuga de capitales al extranjero y el estudio del impacto del eventual incremento en la población".