El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió a la Legislatura un paquete de reformas para la Justicia donde se propone, entre otras cosas, eliminar las vacaciones generalizadas durante todo enero y dos semanas de julio para todo el fuero penal.
El proyecto sostiene que “la feria judicial no rige en materia penal. La Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal deben reglamentar, organizar y programar el otorgamiento de las licencias por vacaciones de sus funcionarios y empleados”.
Este año, la Corte Suprema de Santa Fe decidió levantar la feria judicial de enero en el fuero penal, en el marco del conflicto con el narcotráfico, y se fijaron ocho juicios orales y públicos.
De esa manera, “que cada uno de los órganos mencionados garantice como mínimo la presencia laboral para la prestación del servicio de justicia del 50% del total de funcionarios y de empleados de la planta, respectivamente, en cada circunscripción y distrito según corresponda”, agrega la iniciativa.
Este año, la Corte Suprema de Santa Fe decidió levantar la feria judicial de enero en el fuero penal, en el marco del conflicto con el narcotráfico, y se fijaron ocho juicios orales y públicos.
La reforma preocupa a los judiciales
Pullaro envió a la Legislatura provincial una serie de proyectos de leyes para reformar diversos aspectos del proceso penal santafesino, que involucran tanto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) como al Servicio Público de la Defensa Penal.
Tal como lo detalló Diario Judicial, la Asociación de Fiscales y el Colegio de Magistrados de Santa Fe planteó emitieron comunicados advirtiendo por las leyes de reforma de la justicia penal enviadas por el gobernador a la Legislatura. Las entidades consideraron que los proyectos deben ser "el resultado de un diálogo democrático" porque consideró que "la premura del trámite parlamentario no garantizan la participación" de los involucrados.
Las iniciativas proponen cambios a la ley orgánica que regula el MPA; al Servicio Público de Defensa Penal (SPPD), así como modificaciones al Código Procesal Penal provincial y la creación del juicio por jurados.
La Asociación que agrupa a los fiscales santafesinos solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, por medio de un comunicado, que "las reformas propuestas sean el resultado de un genuino diálogo democrático con participación activa de todos los operadores del sistema de justicia penal".
A la vez, alertó que "la premura, la celeridad del trámite parlamentario, no garantizan la participación genuina de la comunidad" en el debate sobre la materia.
Señalaron que las propuestas enviadas por Pullaro a la Legislatura "suponen la modificación de aspectos fundamentales del sistema de justicia penal, y tendrán repercusión en la resolución de conflictos, los derechos de las víctimas y las garantías ciudadanas".
En esa línea, los fiscales provinciales enfatizaron que "es preciso producir información de calidad, escuchar a los operadores y elaborar un diagnóstico que permita una hoja de ruta común" para las reformas. "El debate, el diálogo democrático entre poderes, la discusión pública, seria y operativa, son las formas que los cambios tan trascendentales como los propuestos merecen", añadieron.
El Colegio de Magistrados de Santa Fe coincidió con la organización que agrupa a los fiscales en que las reformas "merecen un marco de debate y de reflexión acorde al impacto que pueden ocasionar", por lo que plantearon una discusión "seria y abierta".
"La velocidad no es indicador de prontas respuestas a las demandas de la población", sostuvieron los jueces, para agregar que, "por el contrario, para mejorar el servicio de Justicia se requiere un amplio consenso de los actores intervinientes".