Los integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal manifestaron su honda preocupación ante el anuncio del Poder Ejecutivo Nacional de la creación de una Fiscalía Anticorrupción en el ámbito de la Procuración General de la Nación.
A través de un comunicado, los firmantes afirmaron que dicha medida "violentaría gravemente el orden constitucional, sometiendo a las autoridades provinciales a un poder jurisdiccional extraño, con el inminente riesgo de condicionarlos en el ejercicio de sus mandatos y funciones”.
Los judiciales explicaron que el texto tiene como finalidad “evitar propuestas como esta cuya concreción violentaría gravemente el orden constitucional sometiendo a las autoridades provinciales a un poder jurisdiccional extraño con el inminente riesgo de condicionarlos en el ejercicio de sus mandatos y funciones Provinciales con las obligaciones y derechos que cada normativa local procesal les confiere”.
Por ese motivo, solicitaron una “profunda reflexión” a los gobernadores y “claro está, a los respectivos legisladores a fin que, en su caso, propugnen en defensa de las autonomías Provinciales y el irrestricto respeto por el federalismo”.
Los judiciales explicaron que el texto tiene como finalidad “evitar propuestas como esta cuya concreción violentaría gravemente el orden constitucional sometiendo a las autoridades provinciales a un poder jurisdiccional extraño con el inminente riesgo de condicionarlos en el ejercicio de sus mandatos y funciones provinciales con las obligaciones y derechos que cada normativa local procesal les confiere”.
La noticia la dio a conocer el vocero presidencial, Manuel Adorni, quién detalló que Javier Milei ordenó impulsar la creación de una fiscalía especial para investigar a funcionarios nacionales y provinciales en posibles casos de corrupción como enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales.
Concretamente, el presidente encomendó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que le sugiera al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que abra esa fiscalía que actuará en el ámbito del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Señalaron que la Constitución Nacional les da a las provincias facultades para establecer sus propios organismos, y que uno federal no puede intervenir en investigaciones, además en muchas provincias ya existen organismos especializados en la materia.
El comunicado lleva la firma de Jorge Miquelarena, procurador general de Chubut y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, y Jorge Canteros, procurador general de Chaco y titular del Consejo de Procuradores.