La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza hizo lugar a una demanda y condenó al Estado provincial a pagarle más de 10 millones de pesos a dos víctimas de violencia institucional.
El hecho sucedió en mayo de 2028, cuando los jóvenes se encontraban escuchando música y conversando en la calle. En ese momento fueron abordados por tres agentes de la Policía de Mendoza, quienes los requisaron, golpearon y balearon. Uno de los jóvenes recibió un total de 13 impactos de balas de goma.
La sentencia de grado admitió parcialmente la demanda y la decisión fue apelada por el Estado. En este contexto, las juezas Gladys Marsala, Silvina Del Carmen Furlotti y María Teresa Carabajal Molina rechazaron los planteos y modificaron el monto de indemnización a $10.182.400, más intereses.
De la causa no surge que se encontraran cometiendo algún delito ni en actitud sospechosa. Sin embargo, los efectivos afirmaron que acudieron al lugar porque los sujetos “estaban causando ruidos molestos y arrojando piedras”.
"No se ha producido prueba alguna que justifique los daños que se causaron (...) en operativo del 19 de mayo del 2018", concluyó el tribunal mendocino.
Sin embargo, el tribunal afirmó que “no surge de manera clara la razón por la cual un operativo que debía tender a disuadir a un grupo de personas para que dejaran de afectar la tranquilidad del lugar con ruidos molestos, terminara con personas detenidas y heridos con impactos de bala”.
La parte demandada afirmó que los jóvenes empujaron a un policía cuando se les requirió la identificación, y que no fue "una conducta inocente, sino que parece fuertemente una acción sospechosa, constituyendo una acción causalmente adecuada para justificar liminarmente la persecución policial, invocando de esta forma la culpa" de los propios sujetos como provocador.
"No se ha producido prueba alguna que justifique los daños que se causaron (...) en operativo del 19 de mayo del 2018", concluyó el tribunal mendocino.