20 de Noviembre de 2024
Edición 7095 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 21/11/2024
Planes sociales

No todos son irregulares

Un juez federal ordenó que algunos beneficiarios sigan percibiendo el Programa “Potenciar Trabajo”, tras la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Ministerio de Hacienda de suspender preventivamente el pago frente a supuestas irregularidades.

El Juzgado Federal N° 2 de Corrientes, a cargo del juez Juan Carlos Vallejos, ordenó que un grupo de personas siga percibiendo el Programa “Potenciar Trabajo”, tras la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Ministerio de Hacienda de suspender preventivamente el pago frente a supuestas irregularidades detectadas en la nómina de beneficiarios.

En el caso se pidió que se declare la nulidad de la Resolución Ministerial 17/23, que suspendió el pago del “programa nacional de inclusión socio-productiva y desarrollo local: Potenciar trabajo", con relación a los actores. Además, se requirió el pago correspondiente al “beneficio de los meses de diciembre 2023, enero 2024 y cualquier otro que sea alcanzado por la ilegal suspensión hasta tanto sea declarada la nulidad incoada”.

La cartera nacional, por su parte, alegó que estas personas fueron detectadas en posible infracción a las reglas de incompatibilidad del programa dispuestas en sus lineamientos generales y acciones. Sin embargo, en la causa se certificó que los actores no prestan servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial, por lo que no se encontrarían alcanzados por la supuesta incompatibilidad.

 

En el expediente, el Ministerio informó que levantará la suspensión del Programa, atento que "los actores, en principio, no prestan servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial, sin perjuicio de dar continuidad al procedimiento de corroboración del cumplimiento de la normativa vigente".

 

Según se informó oficialmente, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió dar de baja 4.588 planes Potenciar Trabajo, porque los beneficiarios eran empleados públicos. El número surgió a partir de una investigación del fiscal Guillermo Marijuán, que cruzó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de las provincias. 

En este escenario, el juez federal recalcó que se trata de un grupo "vulnerable en donde se afecta la situación socio-económica de los actores, disminuyendo sensiblemente sus ingresos lo que impediría mantener una subsistencia digna", por lo que ordenó que continúen percibiendo el Programa “Potenciar Trabajo”, hasta tanto recaiga sentencia de mérito

En el expediente, el Ministerio informó que levantará la suspensión del Programa, atento que "los actores, en principio, no prestan servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial, sin perjuicio de dar continuidad al procedimiento de corroboración del cumplimiento de la normativa vigente".



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