Se presentó en la Cámara de Diputado de la Nación el primer proyecto de ley de regulación de la Inteligencia Artificial. Es impulsado por Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica, y busca establecer un marco legal con el objetivo de "crear certificaciones de buenas prácticas, implementar un registro de riesgos significativos, promover la inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas, como así también fomentar la responsabilidad y transparencia algorítmica de nuevas tecnologías en respeto del bien común, el estado de derecho y la protección de la autonomía individual", según se desprende del texto.
"¿Tenemos que aceptar sin más un poder incontrolado asociado al acceso de datos y su tratamiento que puede influir en el comportamiento de todos nosotros? Tenemos que ser capaces de poner en discusión temas que el mundo debate en pleno siglo XXI, que nos invita a proyectar, prevenir y planificar un futuro que respete la autonomía, dignidad y equidad de las personas. El presente proyecto quiere aportar a un debate pendiente en nuestro país sobre diversos avances e innovaciones tecnológicas que requiere el aporte de todos los sectores para comprender y planificar adecuadamente", fundamentó el legislador.
El proyecto comienza enumerando el objeto y actores de la IA, para luego definir una serie de principios tales como el "crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar; valores y equidad centrados en el ser humano; transparencia y explicabilidad; robustez, seguridad y protección; responsabilidad; prevención de riesgos y posibles daños; cooperación público-privada; y control de la vigilancia estatal", entre otras cuestiones.
“El estado de derecho debe tomar por las riendas muchos cambios sociales que se están produciendo como consecuencias de avances tecnológicos vertiginosos. Debemos promover la creatividad emprendedora y minimizar los riesgos de la utilización irresponsable de nuevos desarrollos”, concluye.
También propone la creación Ad Honorem del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, conformado por ocho personas con “trayectoria reconocida en el ámbito y formación académica en la materia, y deberán proceder paritariamente del sector privado y público”, para aplicar la normativa y “elaborar planes de prevención de posibles peligros en innovaciones tecnológicas, emitir recomendaciones no vinculantes y estimular las buenas prácticas algorítmicas en innovaciones”. También “deberá establecer procedimientos ágiles que fomenten la participación, educación, toma de conciencia y consulta por parte de la ciudadanía para garantizar que las decisiones que se tomen sean justas y representen los intereses de todas las partes involucradas”.
Además se crea un registro público de “Sistemas de Decisión Automatizada de Riesgo Significativo”, entre los cuales se encontrarán todos los actores de la IA que “puedan generar eventuales daños o peligros que se entienda prioritario prevenir causados por la evolución de los procesos de digitalización, gestión de datos, robotización, inteligencia artificial u otros procesos innovadores que puedan derivar en problemas no previstos”. Junto a esta propuesta se suma un "programa de certificaciones de buenas prácticas algorítmicas".
Por último, se propone la creación del Programa Federal de Inteligencia Artificial, robótica y automatización de la República Argentina. “El estado de derecho debe tomar por las riendas muchos cambios sociales que se están produciendo como consecuencias de avances tecnológicos vertiginosos. Debemos promover la creatividad emprendedora y minimizar los riesgos de la utilización irresponsable de nuevos desarrollos”, concluye.