22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Rosario estrena el sistema acusatorio

Comenzó a regir en la ciudad Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara de Apelaciones. El trabajo del Consejo y el costo de su implementación.

(gankogroup | es.vecteezy.com)

Entró en vigencia este lunes el Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Rosario, tal como lo anunció el Ministerio de Justicia de la Nación en el mes de marzo pasado. 

El nuevo Código Federal implementa el sistema acusatorio en los procesos penales de la Justicia federal. Fue sancionado como ley en junio de 2015, pero se decidió que su implementación se hiciera de forma escalonada por regiones. Hasta el momento, solo se aplicó en Mendoza y Salta.

 

Con este sistema, todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas y sin un expediente. El Ministerio Público Fiscal forma un legajo de investigación al que no pueden acceder los jueces. Se trata de una herramienta digital y desformalizada en la que el órgano “registra la actividad investigativa desarrollada bajo los principios de lealtad procesal y objetividad, junto con el resultado de las medidas practicadas”.

 

El nuevo CPPF establece un sistema adversarial, en el que tanto la fiscalía como la defensa esgrimen sus argumentos y elementos de convicción, y los jueces controlan y deciden, sin involucrarse, en la teoría del caso esbozada por las partes. Exige una rígida separación de funciones.

En este marco, los fiscales promueven la acción penal y dirigen de manera exclusiva la investigación penal contra los presuntos autores y partícipes de un hecho delictivo. Luego, ese mismo fiscal deberá eventualmente sostener y acreditar su acusación en un juicio oral y público.

Los jueces, en tanto, garantizan que se cumpla la ley durante el proceso, además de controlar las garantías constitucionales.

Con este sistema, todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas y sin un expediente. El Ministerio Público Fiscal forma un legajo de investigación al que no pueden acceder los jueces. Se trata de una herramienta digital y desformalizada en la que el órgano “registra la actividad investigativa desarrollada bajo los principios de lealtad procesal y objetividad, junto con el resultado de las medidas practicadas”.
 

El trabajo del Consejo de la Magistratura

Para hacer posible el inicio del sistema acusatorio se realizó una inversión de 450 millones de pesos en tecnología para 5 salas de audiencia digitales. Ello se suma a la inversión propia que realizó el Consejo, que arrojará que para la semana del 6 de mayo los jueces en la jurisdicción de Rosario puedan contar con un total de ocho salas de audiencia de última tecnología, adaptadas para el sistema acusatorio: cuatro en la ciudad de Rosario, una en cada una de las ciudades restantes, a saber Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y San Nicolás de los Arroyos.


El viernes 3 de mayo, la Administración General del Consejo en conjunto con los tribunales, realizó exitosamente la primera prueba de funcionamiento de las salas ya finalizadas. Durante el fin de semana continuarán trabajando y realizando nuevas pruebas para garantizar su funcionamiento.

El Consejo también trabajó en la adaptación del sistema Lex100 al sistema acusatorio. Desde el Departamento de Capacitación y Gestión de Desarrollo de la Dirección General de Tecnología del Consejo, se ha capacitado durante abril 2024 a más de 788 usuarios de dicha jurisdicción sobre las implicancias del Nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el SGJ-Lex100.

También el Consejo ha invertido recursos humanos, logísticos y materiales, en los aspectos de infraestructura, tecnología y capacitación, de acuerdo a un plan trazado por los propios equipos técnicos del Poder Judicial, en base al conocimiento de la situación existente. 

 

 

Ello implicó involucrar más de 100 empleados, funcionarios y obreros, en áreas como la Dirección General de Infraestructura, Dirección General de Tecnología, la Dirección General de Seguridad Informática y la Escuela Judicial. Se han realizado viajes e incluso los obreros (albañiles, electricistas, carpinteros) del Consejo de la Magistratura, se han instalado varios días para realizar las refacciones con mano de obra propia.


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