El 8 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia de La Nación dictó un fallo histórico en la denominada “Causa mendoza”, en la que se ordenó a la Nación, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Esta decisión ya cumplió 16 años y afirman su ejecución se encuentra en un momento crítico
El expediente fue iniciado por un grupo de vecinos de Villa Inflamable —un asentamiento de Dock Sud, en el Partido de Avellaneda de la Provincia de Buenos Aires— contra el Estado Nacional, la Provincia, la CABA y 44 empresas. Más adelante, se incorporaron a la causa los 14 municipios bonaerenses que lindan con la cuenca. El reclamo consistía en que se tomaran medidas urgentes a fin de atender los daños de salud provocados por la contaminación de la cuenca en las familias que viven allí, así como también el daño ocasionado sistemáticamente al medioambiente.
El Máximo Tribunal reconoció tanto el reclamo de las familias afectadas como la necesidad de reparar y prevenir el daño medioambiental. La importancia de esta decisión está dada no solo por el impacto político de poner en la agenda estatal esta cuestión, sino por el modo en el que el Tribunal decidió enfrentarla.
También la definió como una causa colectiva que atiende la vulneración del derecho ambiental y dictaminó la interjurisdiccionalidad en la implementación de un plan de saneamiento integral de la cuenca —agua, suelo y aire— y la obligación de implementar políticas públicas específicas para atender la problemática y prevenir una nueva contaminación en las márgenes del Riachuelo.
En este sentido, denuncian que ya pasaron cuatro años sin audiencias de seguimiento. En mayo pasado, la Corte Suprema pidió informes a los jueces delegados, ACUMAR y el cuerpo colegiado.
En un nuevo aniversario, el Ministerio Público de la Defensa porteño -que estuvo a cargo del patrocinio legal de gran parte de las familias afectadas- afirman que la ejecución del fallo se encuentra en un momento crítico: “El Gobierno Nacional y la Ciudad continúan incumpliendo con su obligación de garantizar los derechos fundamentales de los y las habitantes de la cuenca y con su deber constitucional de proteger al medioambiente”, dijo el organismo en un comunicado.
En este sentido, denuncian que ya pasaron cuatro años sin audiencias de seguimiento. En mayo pasado, la Corte Suprema pidió informes a los jueces delegados, ACUMAR y el cuerpo colegiado. En este sentido, se solicitó la realización de una audiencia de control adecuada en donde se puedan analizar los avances en el cumplimento de la causa y que contemple la participación de los vecinos afectados.
A su vez, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación Vecinos de La Boca (AVLB), que integran el cuerpo colegiado, reclamaron a la Corte que sigan las obras para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y se cumplan los cronogramas en los plazos previstos, entre otras cuestiones.