Desde septiembre, y de manera progresiva, comenzará en la Provincia el sistema de juicios por jurado, de acuerdo al cronograma elevado por el Gobierno de Santa Fe a la Mesa de Diálogo que en marzo, desde la sanción de la ley, se constituyó para diagramar su puesta en marcha.
En la mesa de implementación participan los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Justicia y Seguridad, y representantes de los cinco colegios de abogados de la provincia, de la Corte Suprema, la Legislatura y las Universidades.
En la última reunión de la mesa de implementación, realizada a mediados de junio se propuso que en septiembre será el comienzo, luego en noviembre, para seguir en febrero del 2025; mayo posteriormente, para completar en septiembre del 2025 la incorporación de todo el sistema.
La decisión salida de esos encuentros es comenzar con esta modalidad por las circunscripciones de menor complejidad para ir ajustando los detalles y poder llegar a los mayores centros urbanos (Rosario y Santa Fe), con una experiencia acumulada que permita abordar esas regiones donde las estadísticas indican que se presentan un mayor número de causas al año, vinculadas a delitos que pueden abordarse por los jurados populares.
Esta modalidad está prevista para cuatro tipos de delitos: el homicidio calificado, el crimen de odio o el abuso sexual seguido de muerte, el robo seguido de muerte y el enfrentamiento de las fuerzas de Seguridad que termina con la muerte de un civil.
En la última reunión de la mesa de implementación, realizada a mediados de junio se propuso que en septiembre será el comienzo, luego en noviembre, para seguir en febrero del 2025; mayo posteriormente, para completar en septiembre del 2025 la incorporación de todo el sistema.
Los jurados
Los delitos comprendidos en la posibilidad de Juicio por Jurado comenzarán a celebrarse con 12 jurados más 2 suplentes, elegidos por sorteo entre los habitantes de la región, y entre 36 personas previamente convocadas a esos efectos y que pasarán por el tamiz de la fiscalía y la defensa para depurar la lista hasta llegar a la docena que deberá, además, estar conformada respetando la paridad.
Abogados, escribanos, funcionarios, personas ligadas al poder judicial, fuerzas de Seguridad, personas con antecedentes, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan algún vínculo con las partes, quedan excluidos.
La convocatoria será una carga pública y está previsto viáticos en caso de tener que trasladarse y al igual que en el caso de las elecciones, quienes sean seleccionados contarán por ley con el resguardo de su puesto de trabajo y un pago diario de aproximadamente medio jus, que es la unidad que regula los honorarios jurídicos.
En el proceso del juicio, primero se buscará la unanimidad del veredicto y cuando esto no fuera posible se utilizará la “mayoría agravada”; se necesitarán 10 votos. Una vez decidido esto, el juez será quien imponga la pena.