La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el Juzgado Federal de Reconquista tendrá como tribunal superior a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario una vez que entre en vigencia el Código Procesal Penal Federal en el ámbito territorial de ese juzgado.
A través de la Resolución 2185/2024, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el Máximo Tribunal exhortó al Ministerio de Justicia de la Nación a que, “en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas de apoyo institucional de los órganos involucrados que posibiliten la implementación del Código Procesal Penal Federal”.
Los ministros recordaron que con las modificaciones implementadas por la Ley 27.715, “se instituyó a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario como tribunal de alzada del Juzgado Federal de Reconquista en todas las materias que integran su competencia”.
Estos tribunales solicitaron a la Corte la adopción de medidas apropiadas con respecto a “la incertidumbre imperante” vinculada a la situación del juzgado, como consecuencia del dictado de la Ley 27.715, de fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe.
Esa incertidumbre se vincula con la modificación del tribunal superior del mencionado juzgado, así como con las necesidades que afronta esa jurisdicción para la adecuada implementación del Código Procesal Penal Federal.
Los ministros recordaron que con las modificaciones implementadas por la Ley 27.715, “se instituyó a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario como tribunal de alzada del Juzgado Federal de Reconquista en todas las materias que integran su competencia”.
Por su parte, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia mantiene sobre este juzgado la competencia respecto de las causas que se encuentran en trámite.
En ese contexto, la Corte también resolvió “exhortar al Ministerio de Justicia -en razón al inminente vencimiento del plazo fijado en su resolución 148/2024- a que, en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas de apoyo institucional de los órganos involucrados que posibiliten la implementación del Código Procesal Penal Federal”.