En la misiva de 3 carrillas el INECIP afirmó que los antecedentes que fueran publicados en la página web del Ministerio, a cargo de Gustavo Beliz, son una “muestra cabal de que Zaffaroni cumple con los requisitos formales que la Constitución Nacional prescribe en su artículo 111”.
También, el documento resaltó que cuenta con una “amplísima trayectoria local e internacional en el campo jurídico-penal”, al tiempo que resaltó que presenta una clara “idoneidad técnica, compromiso con la defensa de los derechos constitucionales y los derechos humanos”.
Para el organismo, el compromiso de Zaffaroni con los derechos humaros y constitucionales no sólo están expresados en su basta producción bibliográfica y académica, sino que además es prueba de ello su participación “activa” en las convenciones constituyentes que dieron lugar a la reforma de 1994 en el ámbito federal y a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como su desempeño como legislador local.
Asimismo, la entidad afirmó que por medio de sus obras y de su actividad pública, Zaffaroni miembro del Comité Consultivo del INECIP, contribuyó al “fortalecimiento del Estado Social de Derecho en el país y en el resto de Sudamérica”.
También, manifestó que el compromiso, del candidato, orientado a disminuir la violencia de la respuesta punitiva, así como su incansable lucha en sostener la defensa de las garantías individuales y la necesidad de gestionar y resolver los conflictos sociales en formas menos violentas que las actuales, “no sólo son exigencias constitucionales”, sino que además “no son contrarias a la eficiencia en el control de las conductas ilícitas”.
Por otra parte, los miembros del INECIP, aseveraron que están convencidos de que la Corte Suprema de Justicia de un Estado de Derecho debe privilegiar, en su seno, el debate y el contraste de opiniones diversas y agregaron que Zaffaroni es “un representante paradigmático” de una línea de pensamiento que constituye nuestra cultura jurídica.
Por ello, opinaron que el alto cuerpo de justicia se verá enriquecido por la posibilidad de “sumar voces divergentes que promuevan la discusión y que nutran los fundamentos de sus decisiones”.
A su vez, resaltaron que tanto el prestigio jurídico y la independencia de criterio Zaffaroni, sumados al consenso social generado por la participación de los ciudadanos a través de los nuevos procedimientos para la selección de los magistrados, le darán sin dudas “una mayor legitimidad a la Corte Suprema de Justicia”.
De este modo, el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo sumó un nuevo aval que junto al presentado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el último martes comienza a compensar la balanza en los últimos días en que se recibirán las impugnaciones.
Zaffaroni fue en los últimos días blanco de duras críticas e impugnaciones por parte de diversos sectores en donde se lo sindicó de “abolicionista del derecho penal”, ser permisivo con las drogas y de haber sido juez en la dictadura militar habiendo jurado bajo el reglamento de la Junta Militar que gobernó al país entre 1976 y 1983.
De esta manera se va acercando a su fin el plazo para presentar los avales e impugnaciones que serán recibidas hasta el 6 de agosto. Vencido el mismo, la secretaría de Política Judicial y Asuntos Legales, a cargo del viceministro de Justicia Abel Fleitas Ortiz de Rozas, analizará cuáles cumplen con los requisitos del decreto 222 antes de entregárselas al Presidente.
En tanto se espera recibir también el informe de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) sobre la conducta fiscal de Zaffaroni y recién después, el presidente Kirchner tiene otros quince días para decidir si eleva el pliego de su candidato al Senado de la Nación.