Los cuatro llegan por razones bien distintas, pero no menos polémicas. El miércoles próximo, el ex médico presidencial Tfeli, por caso, llegará para intentar aclarar un dato inquietante: su relación con los moradores del predio de la calle Constitución 2657, el lugar al que se dirigió el camión que dejó un volquete frente a la AMIA minutos antes de la explosión.
El periodista Juan José Salinas, autor del libro AMIA, el atentado, le dedicó un capítulo a Tfeli y a las hipótesis sobre ese terreno de la calle Constitución, en línea con la teoría de que el volquete que se dejó en la AMIA tuvo algo que ver con el atentado, al igual que el chofer del camión, Juan Alberto López.
Sin embargo, López declaró en el juicio y también lo hicieron varios empleados de la empresa volquetera Santa Rita propiedad del inmigrante libanés Nassib Haddad. Un hombre que manipulaba explosivos en cantidad por la explotación de canteras en la provincia de Buenos Aires y Neuquén. El juez Juan José Galeano le dictó la “falta de mérito” al empresario y sus hijos en noviembre de 2001.
“Se han podido descartar aquellas hipótesis que atribuían a los volquetes entregados en Pasteur 633 como en Constitución 2657 algún protagonismo en la planificación o ejecución del atentado contra la AMIA”, escribió el juez en ese momento, en una resolución que levantó polvareda entre las defensas y la querella de Memoria Activa en el juicio. Allí se reclamó –sin éxito- que los Haddad declararan en la audiencia.
Por eso y porque falta la declaración de Tfeli, el “tema volquete” en la audiencia todavía no se cerró, aunque se espera que el médico repita lo que ya dijo ante el juez Galeano: que gestionó la ocupación provisoria del terreno ubicado debajo de la autopista 25 de mayo para una mujer que le pidió ayuda durante una visita al Hospital de Niños, junto al entonces presidente Menem.
Un funcionario muy cuestionado
Pero si lo de Tfeli se preanuncia como un trámite, mucho más complicada es la situación de otro hombre del entorno de Carlos Menem citado para esta semana: el ex director de Migraciones Hugo Franco.
A la repartición que encabezaba Franco se le reprocha no haber respondido a ningún requerimiento judicial en la causa AMIA para verificar la entrada y salida del país de sospechosos. Ya en 1997 la DAIA y la AMIA denunciaron ante el juez Galeano la actitud de Migraciones y la catalogaron como una obstaculización conciente de la investigación.
Además, en el momento del atentado, este hombre cercano al ex almirante Massera en tiempos de la dictadura militar, era subsecretario de Seguridad de la Nación, la máxima autoridad en la materia en el país en la trágica mañana del 18 de julio de 1994, aunque renunció tras el atentado, y al poco tiempo recaló en Migraciones.
Para Memoria Activa, que pidió su declaración en el juicio, desde su nuevo destino Franco “no colaboró con una política de control adecuada”, además de no responder los pedidos de información.
Pero la falta de colaboración de Franco no es lo único que irrita a los querellantes, también recuerdan que cuando todavía estaba en el cargo, le dijo a dos periodistas en supuesto tono de infidencia pero con el inocultable objetivo de que el off the record se publicara, que el atentando era producto de “la interna de los judíos".
Además, también convocado por Memoria Activa declarará quien sucedió a Franco en la secretaría de Seguridad, el brigadier Andrés Antonietti. El militar, que fue jefe de la custodia presidencial de Carlos Menem, asumió al frente de una “supersecretaría” de Seguridad, supuestamente armada para colaborar con la investigación. La agrupación más crítica de los familiares quiere saber qué de todo lo prometido realmente se hizo.
Archienemiga de Galeano
Otra ex funcionaria que declarará la próxima semana es Nilda Garré, la ex jefa de la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) creada en el ámbito del ministerio de Justicia en tiempos de Fernando De la Rúa, para canalizar los pedidos de colaboración.
La actual diputada Garré se convirtió en uno de los personajes de la política más resistidos entre los investigadores del caso AMIA y también entre los querellantes de las instituciones judías, luego que se convirtiera en la primera funcionaria que revelara a poco de comenzado el juicio la identidad y parte de la declaración del polémico testigo C.
Aquellos dichos de Garré le valieron una formidable ofensiva, en especial de la DAIA y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia para que fuera alejada del cargo. El presidente de la DAIA dijo que Garré hacía una “utilización política” de la información del caso y recordó que Garré se preparaba para ser diputada nacional en octubre de 2001, ya en plena disgregación de la Alianza.
De nada sirvió que Garré recordara que la información sobre C ya había sido publicada nada menos que en el diario Clarín. El ministro Jorge De la Rúa la echó, mientras crecían rumores de que “C” ya no estaría disponible para la justicia argentina.
A poco de renunciar, Garré habló en un acto de Memoria Activa en la Plaza de los Tribunales y dijo que “C” sí estaba disponible. Poco tiempo después, los mismos fiscales que la habían defenestrado confirmaron que esto era así, y comenzaron a gestionar la tercera declaración del disidente iraní, que se concretaría un año después, en diciembre de 2002.
Pero ya en 2003, Garré retomó la iniciativa, al presentar una denuncia con pedido de “tratamiento urgente” en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra el juez Galeano, en la que desgrana 15 supuestas falencias en la actuación del magistrado, entre las que señala la falta de producción de algunas medidas de prueba.