El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza elevaron a la Legislatura provincial un proyecto de ley para reformar once artículos del Código Procesal Penal de Mendoza (Ley 6730/99).
La iniciativa, según explicaron, busca “dinamizar la etapa de investigación penal preparatoria y focalizar el proceso en el juicio oral, evitando dilaciones y acelerando todo el proceso”.
Esta reforma fue presentada ante el titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, y busca perfeccionar la actividad procesal en la etapa de la investigación penal preparatoria. A su vez, el procurador general, Alejandro Gullé; y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, solicitaron su tratamiento.
En sus fundamentos, el texto señala que "la investigación preparatoria no puede convertirse en una instancia engorrosa y dilatada en el tiempo cuando es el juicio, con todas las garantías de oralidad, inmediación, publicidad y contradictorio, el ámbito propicio para dirimir las distintas posiciones de cada una de las partes en el juicio”.
En concreto, el proyecto establece la modificación de los artículos 22, 201, 346, 347, 350, 355, 360, 361, 466, 481 y 482 del Código Procesal Penal de Mendoza, como también la incorporación el artículo 362 bis.
Para ello, la iniciativa pretende simplificar y eficientizar la litigación durante la primera etapa del proceso -investigación preparatoria- para que se pueda arribar con mayor premura a la instancia del juicio oral. La propuesta va en línea con las diferentes modificaciones que se realizaron en los últimos años al sistema procesal penal de la provincia, según se desprende del texto.
En concreto, el proyecto establece la modificación de los artículos 22, 201, 346, 347, 350, 355, 360, 361, 466, 481 y 482 del Código Procesal Penal de Mendoza, como también la incorporación el artículo 362 bis.
Entre las principales modificaciones se destaca la tramitación separada de incidentes sin interrupción de la investigación, una nueva reglamentación para la presentación de nulidades, establecimiento de plazos para diferentes tipos de planteos como diligencias, oposiciones y ocurrencias, archivo de actuaciones.
Asimismo, hay nuevas disposiciones respecto a la elevación a juicio y las apelaciones de sentencias de sobreseimiento, así como también sobre las posibles discrepancias que surjan entre el juez y los fiscales