25 de Noviembre de 2024
Edición 7098 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 26/11/2024

Narcotest para los judiciales

San Luis comenzará a realizar exámenes toxicológicos preventivos a funcionarios de los tres poderes del Estado Provincial, para determinar la presencia de sustancias ilegales. El estudio establecido será de carácter obligatorio, deberá realizarse anualmente y de forma aleatoria.

(Foto de Chokniti Khongchum)

La provincia de San Luis pondrá en marcha una nueva ley para que los funcionarios públicos que se desempeñen en el nivel jerárquico y/o político de los tres Poderes se realicen un examen toxicológico preventivo.

Según la Ley V-1146-2024, el examen "será de carácter obligatorio, deberá realizarse anualmente y de forma aleatoria, mediante un procedimiento que garantice la transparencia e igualdad de tratamiento en la selección de los funcionarios que deban someterse al mismo".

"Si del examen realizado, se detectare la presencia de metabolitos de sustancias psicotrópicas ilegales; las autoridades de cada uno de los poderes u organismos, deberán aplicar, los mecanismos para el abordaje integral a personas con consume problemático de sustancias psicotrópicas ilegales, implementadas por el área competente del Poder Ejecutivo Provincial, a fin de brindar contención y asistencia", señala la normativa publicada en el Boletín Oficial puntano.

 

El propio presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Allende, declaró que el Poder Judicial cumplirá con la normativa, de acuerdo a la reglamentación que se disponga oportunamente, considerando la misma, como “una disposición institucional que busca prevenir la salud y la función de cada uno”.

 

Y añade: “Si corresponde el otorgamiento de licencia del funcionario, suspensión del efectivo ejercicio en sus funciones hasta su recuperación o cese en la función pública, observando lo establecido en la Constitución Provincial y legislación vigente para cada caso”.

Por último, los resultados del examen son considerados “datos sensibles” en los términos de la Ley 25.326. Esta iniciativa no es la primera de su tipo en el país, ya que las provincias de Tucumán y Tierra del Fuego cuentan normativas similares.

El propio presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Allende, declaró que el Poder Judicial cumplirá con la normativa, de acuerdo a la reglamentación que se disponga oportunamente, considerando la misma, como “una disposición institucional que busca prevenir la salud y la función de cada uno”.

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