07 de Enero de 2025
Edición 7126 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 08/01/2025

El sistema acusatorio se instaló en el sur

Avanza la implementación del Código Procesal Penal Federal en distintas provincias y comenzó a regir esta semana en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El objetivo del gobierno es que el sistema acusatorio este operativo en todo el país en 2026.

(Poder Judicial del Chubut)

Comenzó a regir en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego Código Procesal Penal Federal, bajo la premisa del Ministerio de Justicia para que "esté completamente operativo en todo el país para fines de 2026”.

El acto de implementación fue encabezado por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona y el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el Hotel Lucania de Comodoro Rivadavia, en el marco de la reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal. 

 

El sistema acusatorio se aplicó inicialmente en 2019 en la jurisdicción Salta, que incluye a las provincias de Salta y Jujuy. El 6 de mayo pasado se puso en marcha en la jurisdicción Rosario, que abarca, además de la ciudad homónima, las de Santa Fe, San Nicolás de los Arroyos, Rafaela y Venado Tuerto. Mientras que el 5 de agosto último entró en vigencia en la jurisdicción Mendoza, que abarca las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. En noviembre se sumaron Neuquén y Río Negro. 

 

"Este nuevo sistema pone fin a los juicios eternos: permite llevar preso a un delincuente en horas cuando antes se tardaban años. A su vez, fortalece el accionar de los fiscales para que actúen con mayor rapidez. En provincias donde ya lo hemos implementado, como Jujuy, Salta, Santa Fe, Mendoza, San Juan y San Luis, los tiempos de los juicios se han reducido notablemente. Por ejemplo, en Santa Fe se obtuvo una sentencia por narcotráfico en 30 días cuando antes se tardaba más de 3 años”, sostuvo Cúneo Libarona en un comunicado emitido el mes pasado. 

La Corte, el Consejo, la Cámara Federal de Casación Penal y las Cámaras Federales, junto al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa y al Ministerio de Justicia de la Nación vienen trabajando juntos para la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio en las distintas jurisdicciones del país.

La experiencia de las provincias 

Los números muestran que durante el primer semestre del año, la Oficina Judicial Penal Federal de Salta informó 1487 audiencias solicitadas, fijadas y realizadas (garantías y revisión), con un tiempo promedio por audiencia de 31,6 minutos y una duración promedio de 49,25 días por casos cerrados.

Por su parte, en el Distrito Federal Rosario ingresaron 108 carpetas de casos en etapa de garantías solo entre el 5 de mayo y el 18 de septiembre de este año. De ellas, 39 fueron resueltas o cerradas en ese lapso y otras 69 continuaban en trámite.

En tanto, entre el 6 de mayo y el último día de agosto hubo 157 audiencias agendadas, de las cuales se realizaron 140, 11 se vieron frustradas y 6 están pendientes de realización, con una taza de realización de audiencias del 92,7%.

Finalmente, a casi tres meses de la implementación en la jurisdicción Cuyo, se registraron un total de 107 solicitudes de audiencias en el marco de 95 carpetas judiciales. El 100% de las audiencias agendadas fueron realizadas con éxito.

En este contexto, se continúa trabajando en la adecuación edilicia, de infraestructura y de personal que requirió la implementación del sistema acusatorio.

El sistema acusatorio se aplicó inicialmente en 2019 en la jurisdicción Salta, que incluye a las provincias de Salta y Jujuy. El 6 de mayo pasado se puso en marcha en la jurisdicción Rosario, que abarca, además de la ciudad homónima, las de Santa Fe, San Nicolás de los Arroyos, Rafaela y Venado Tuerto. Mientras que el 5 de agosto último entró en vigencia en la jurisdicción Mendoza, que abarca las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. En noviembre se sumaron Neuquén y Río Negro. 

El artículo 26 de la Ley 27.150 de implementación del Código Procesal Penal de la Nación establece la creación de Oficinas Judiciales en los Distritos Federales con asiento en las provincias. 

 

 


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