Para ello, se precisó que se confeccionará un “mapa judicial” que interactuará con el del delito para “la conformación de estándares de gestión judicial” que tendrá el fin de “monitorear toda aquella información que sistematice el programa, a efectos de posibilitar la adopción de las medidas correspondientes en el ámbito de la jurisdicción nacional, y su comunicación a las autoridades locales respectivas”.
Se dispone además, que estos informes serán elevados a la Jefatura de Gabinete para, en caso de ser necesario, dejar ciertos índices a criterio del Congreso “cuando la gravedad o la urgencia de los hechos conocidos representen esenciales afectaciones a las garantías constitucionales y provengan de posibles abusos de los distintos Poderes, Nacionales o Provinciales”.
La coordinación y sistematización de estas acciones nucleará a las autoridades de los Poderes Judiciales Nacional y Provinciales, y a los Ministerios Públicos respectivos con competencia directa en la materia “para facilitar las tareas que le son propias”, en tanto que interactuarán con aquellos organismos la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal con competencia en la materia, “sin dejar de lado a las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a cuestiones vinculadas con la materia”.
Finalmente, se remarcó que este programa deberá estar al servicio de todos los habitantes de la Nación, “no sólo para posibilitar que éstos satisfagan sus intereses particulares, sino además, para que formen parte integrante del mismo, colaborando y contribuyendo a alcanzar los objetivos de este emprendimiento”.