Un juez federal de la provincia de Tierra del Fuego denegó el paso por aguas jurisdiccionales al buque “Fret Moselle” propiedad de la empresa Cogema Logistics que días atrás partiera de Australia con destino a Francia, transportando residuos radioactivos provenientes de un reactor nuclear australiano. De esta forma el magistrado Federico Calvete hizo lugar a una medida presentada por particulares y organizaciones ambientalistas entre las que se encuentra la ONG Finis Térrea. Con esta medida el juez ordenó a la Armada Argentina y Prefectura Naval que comunicaran la decisión de prohibir el tránsito por aguas jurisdiccionales según demarcaciones de la ley 23.968 al comandante del buque carguero a fin de que tomara las medidas correspondientes al respecto.
Clausurado
El juez en lo Contencioso Administrativo, Roberto Andrés Gallardo, realizó una inspección junto a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal y la Defensoría del Pueblo porteña luego de la cual emitió una resolución en la cual señala que “los juegos inspeccionados no reúnen las condiciones de seguridad mínima y ponen en riesgo la seguridad de los usuarios y operadores”. Atento ello el magistrado dispuso “la clausura preventiva hasta tanto se realice el informe definitivo de bomberos y se realicen todas los arreglos solicitados en el mencionado informe, poniendo en condiciones aptas para el uso a todos los juegos inspeccionados”. “La actuación efectiva del Juez Gallardo ha corroborado lo denunciado por esta Defensoría y exige al Gobierno de la Ciudad actuar con urgencia”, señaló al respecto el defensor del Pueblo porteño, Alejandro Nató “Mientras no se reparen y pongan en orden, la medida judicial que nosotros solicitamos y a la que la justicia hizo lugar, prohíbe el funcionamiento de 12 juegos del Parque de la Ciudad”, finalizó el ombudsman porteño.
Barrabravas con comercio propio
El abogado Antonio Liurgo denunció ante la justicia federal de la Capital al intendente del partido bonaerense de Quilmes, Fernando Geronés y otros funcionarios del municipio junto a los responsables del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) por ceder supuestamente espacios en la estación del ferrocarril de Quilmes para “mantenimiento de la actividad política y futbolística” de “Dedos, el Marciano y Carlitos Cabezón Geniol” quienes serían los máximos referentes de la “barra brava” que sigue al Quilmes Atlético Club. “Nos encontraríamos ante un nuevo hecho donde la ausencia de control y la prescindencia del Estado hace que se entregue a un grupo ilegal la administración de bienes del Estado con el solo propósito de recaudar dinero sin contraprestación alguna y en perjuicio del erario público”, remarcó.
Extranjeros con lupa.
La Cámara de Diputados de España inició el proceso de modificación de la ley que protege el uso de datos personales, a fin de permitir el armado de una base de datos para prevenir la consumación de delitos aberrantes cometidos por extranjeros en territorio español. La iniciativa, promovida por el partido nacionalista catalán Convergencia i Unió prevé que podrán ser objeto de inclusión en estas bases de datos los investigados por delitos graves cometidos en el extranjero contra la vida de las personas o contra la libertad sexual, cuya información hubiese sido aportada por policías de terceros países. También la norma prevé que el almacenamiento de la información se hará por un espacio de tiempo determinado, previa regulación de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. La propuesta retoma una iniciativa del ministerio del Interior español, para fomentar el intercambio de información policial a nivel europeo con la creación de bases comunes de huellas dactilares, de balística, de ADN y de datos biométricos para hacer más eficaz la lucha contra la delincuencia.