Por medio de la ley 25.792 recientemente promulgada y publicada hoy en el Boletín Oficial se estableció que “la producción de películas, programas y/o grabaciones destinadas a ser exhibidas en emisoras de televisión abierta, por cable y/o por sistema satelital, que se hayan producido con anterioridad al 1º de enero de 1999, regularán su contribución en el Impuesto al Valor Agregado —IVA—, con ajuste a lo establecido en la presente ley. En lo sustancial el art. 2 dispone que “Las producciones mencionadas en el artículo anterior y hasta la fecha allí establecida no están alcanzadas por el Impuesto al Valor Agregado.” Asimismo dispone dejar sin efecto las actuaciones administrativas o judiciales que se encuentren en curso referidas a hechos imponibles acaecidos en ejercicios fiscales cerrados hasta el 31 de diciembre de 1998 inclusive como así también que en los casos en que se hubiere dictado una sentencia firme contraria a lo aquí preceptuado y el responsable se allanare y renunciara a toda acción y derecho, incluso el de repetición, con costas en el orden causado, el fisco aceptará la falta de interés fiscal. Deja expresamente a salvo que las obligaciones impositivas efectivamente canceladas con anterioridad a la presente ley, no darán lugar a reclamación alguna ni a petición de reintegro por parte del contribuyente.(TEXTO COMPLETO AL FINAL)
Organizada
Por medio de decreto 1038/2003 se aprobó la estructura organizativa de la Unidad de Información Financiera, organismo del ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Entre los objetivos del organismo figura efectuar análisis, tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de delitos como el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, delitos de contrabando de armas, delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita, delitos de fraude contra la Administración Pública, delitos de prostitución de menores y pornografía infantil,etc. A tal fin contará con una Secretaria General Ejecutiva cuya responsabilidad será coordinar todas las acciones que lleve a cabo el ente como consecuencia de las decisiones y directivas adoptadas por el Plenario. También existirá una Dirección de Asuntos Jurídicos que emitirá los dictámenes correspondientes, asesorando legalmente a la Unidad de Información Financiera y debiendo representar al Estado en las causas de competencia de la UIF. Asimismo integran la estructura la Dirección de Análisis que entenderá en todo lo relativo al análisis, el tratamiento y la transmisión de información, una Dirección de Seguridad y Sistemas Informáticos que diseñará, desarrollará y administrará los sistemas de Información de la Unidad de Información Financiera, como así también los sistemas de seguridad de la misma. Por último la estructura tendrá la Dirección de Relaciones Institucionales que se encargará de lo relativo a las relaciones con organismos públicos, nacionales, provinciales o municipales, internacionales y extranjeros y con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y en lo referente al diseño a implementación de planes de capacitación y entrenamiento desarrollados por la Unidad de Información Financiera.
Barrabravas empresarios
Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers requirieron al juez federal Norberto Oyarbide la investigación de la denuncia contra el intendente de Quilmes Fernando Geronés porque supuestamente habría cedido espacios en la estación de trenes de esa comuna para ser explotados comercialmente por integrantes de la "barra brava" del Quilmes Atlético Club. La denuncia la presentó la semana pasada el abogado Antonio Liurgo, quien señalaba junto al jefe comunal como responsables de la maniobra a otros funcionarios de la comuna e integrantes del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE). Entre otras medidas, los fiscales solicitaron que se requiera al ONABE que confirme si efectuó alguna cesión "al municipio de la Ciudad de Quilmes de terrenos propiedad del Estado Nacional ubicados en la estación del Ferrocarril Roca".
Sin prisión domiciliaria
El juez federal Claudio Bonadío revocó el beneficio de la prisión domiciliaria que gozaba hasta hoy Alberto Somaruga, acusado como partícipe necesario del secuestro extorsivo de Ariel Strajman. El 5 de noviembre pasado, el abogado de Strajman, Carlos Wiater, denunció que Somaruga violaba las condiciones de la prisión domiciliaria y que abandonaba su casa “para hacer compras”. Ayer, Somaruga fue trasladado al despacho del juez y dijo que “la asistente social” le dijo que “podía ir a comprar el pan”. Pero hoy Somaruga dijo a una radio porteña que también iba a buscar a su nieta a la escuela, entre otras salidas. Inmediatamente, Bonadío lo volvió a trasladar a Tribunales para comunicarle que le revocaba el beneficio, previsto para mayores de 70 años, según la ley 24660. Somaruga es el padre de dos hermanos que están acusados del secuestro del joven, un hecho ocurrido hace un año, recordado porque fue la primera vez que se amputó un dedo del secuestrado como “prueba de vida”. Ahora, Somaruga seguirá detenido en la unidad carcelaria de Marcos Paz.
Vacante
El Consejo de la Magistratura de Tierra del fuego seleccionará al reemplazante del juez penal de Ushuaia Leandro Álvarez quien se jubiló, entre cuatro abogados de esa ciudad y uno de Buenos Aires. Se trata del actual secretario del mismo juzgado, Maximiliano García Arpón, el secretario del Juzgado Federal de Primera Instancia, Eduardo Belforte, la abogada del fuero local Marcela Tortossa, y el secretario del Tribunal Oral en lo Criminal de esa ciudad, Javier De Gamas Soler, mientras que el quinto postulante es el abogado Carlos Ure, de Buenos Aires. La elección que realizará el organismo es sobre una vacante del Juzgado de Instrucción de Primera Nominación de Ushuaia, a cargo de Álvarez, a quien el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) le aprobó el trámite jubilatorio. Por su parte Álvarez continúa sin embargo cumpliendo funciones mientras el Consejo elige a su reemplazante.