04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Una cámara oculta compromete al juez comercial Herrera

La Cámara Comercial reunida en acuerdo extraordinario decidió separar al juez Rodolfo Herrera del proceso de quiebra del club Ferrocarril Oeste a raíz de una cámara oculta que reveló que el magistrado incurrió en serias irregularidades.

 
La decisión, que fue tomada por la unanimidad de los camaristas comerciales, se basó en un informe televisivo que puso en evidencia que el juez pretendía favorecer a un empresario en una licitación tendiente a construir un complejo comercial en los predios que Ferro tiene en la zona de Caballito.

En el texto firmado por los vocales se indicó que en razón de “la inusitada gravedad” de los hechos detallados, que resultaban del contenido de esa información, correspondía que Herrera fuera separado de la causa.

Además, la Cámara resolvió que en mérito de la conducta que había expresado el magistrado podría entenderse que prima facie estaría comprendiendo “los supuestos de mal desempeño” y que correspondía remitir lo decidido al Consejo de la Magistratura de la Nación, en el sentido de que este cuerpo decida la apertura de un proceso de remoción del juez o en su caso ordenar su suspensión.

La acordada del tribunal contó con las firmas de los jueces Carlos Rotman, María Gómez Alonso de Díaz Cordero, Isabel Miguez, Martín Arecha, Julio Peirano, Carlos Viale, Enrique Butty, Ana Piaggi, José Monti, Héctor Di Tella, Felipe Cuartero, Helios Guerrero y Rodolfo Ramírez.

Según fuentes consultadas de la Cámara Comercial la causa ahora pasará a manos de la titular del Juzgado Comercial Nº 22 del fuero, a cargo de la Dra. Margatira Braga, quien deberá hacerse cargo de la administración de la quiebra del club que Herrera tenía en su poder desde diciembre de 2002.

La investigación puso en evidencia que el juez y un socio de Ferro, Aleardo Etcheverry, pretendían por medio de una licitación armada llevar adelante un emprendimiento inmobiliario y un shopping con una inversión de 15 millones de dólares.

Por su parte, un socio vitalicio de Ferro, Gerardo Pardo, interpuso una denuncia penal contra Herrera por los supuestos delitos de cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato, tráfico de influencia y administración infiel ante la Cámara del Crimen porteña, la que se convirtió en le primera presentación formal en contra del magistrado.



dju / dju
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