SI PERO NO. La intención de hacer pagar a los jueces el tan temido para muchos impuesto a las ganancias, destapó una nueva olla que, según algunos, hace alrededor de 10 años se cocina a fuego lento. Sucede que desde muchos sectores, se rechaza tajantemente esta medida por el interminable debate sobre si un cambio en el salario de magistrados, dispuesto por los legisladores y aprobado por el Ejecutivo, no puede ser usado o tomado en algún caso, como una medida coercitiva, que atenta contra la división de poderes: ¿Y la intangibilidad de las remuneraciones? Sin embargo, nuevas voces de protesta se han sumado esta vez, y con diferentes argumentos: sucede que denuncian que alrededor de 400 jueces reciben en sus salarios conceptos no remunerativos, no sujetos a descuento alguno.
Por ello, algunos magistrados no dudaron en aunar su discurso en este sentido. Es el caso de los jueces Alfredo Drocchi y Claudio Andino, del departamento judicial de La Matanza, quines manifestaron querer pagar el impuesto a las ganancias, pero luego de que se regularice esta situación salarial. Ambos jueces recordaron que “el 15 de marzo de 2004 se ha presentado ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires un amparo contra la la provincia denunciando que en las remuneraciones que perciben los Jueces provinciales se defrauda al fisco provincial al no verse sujeto a descuento algunos conceptos remuneratorios que se los denomina: “gastos funcionales”.En este sentido, Drocchi y Andino entienden que de esta manera se produce “un claro perjuicio al salario de los magistrados” y “un detrimento millonario al tesoro provincial por no integrar a esta parte del salario los conceptos sobre los cuales se perciben tributos y aportes jubilatorios”, además de “generar a futuro una clara defraudación al tesoro nacional por disminuir la base imponible para aplicarla al impuesto a las ganancias”. En este contraataque judicial, que promete la apertura de muchos otros frentes estos magistrados expresaron su “deseo de ser considerados iguales en las cargas públicas”, ironizando quizás el decir que “asumen con beneplácito el pago de impuestos federales” de los que hoy están exentos, pero aclarando que “esa igualdad debe traducirse también en el sinceramiento de los conceptos salariales sobre los cuales deberá recaer la futura imposición tributaria”.
LOS VICE JUECES. Las diferencias de los jueces no sólo asoman en los sensibles temas que afectan a la viscera que más duele, el bolsillo, sino que también entró a jugar en el terreno de las políticas judiciales que defienden distintos grupos de magistrados. El pivote por antonomasia de este toma y daca judicial fue siempre la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que con jueces de distintas épocas -de las democráticas y de las otras- y de distintas vertientes políticas donde cada uno tiene su corazoncito, tratan de amalgamar posturas que luego discuten en general en el ámbito del Poder Legislativo, ya que en los últimos y agitados cambios de rumbo político que tuvo la Argentina, resultó ser un ámbito donde los temas a resolver son siempre cuestiones a largo plazo, que llevan su tiempo, al contrario del Ejecutivo que además de los cambios constantes de funcionarios, va al ritmo de los diarios. Un ejemplo claro es el del Ministerio de Justicia, que fusionado con el de Seguridad parece absorbido por temas de robo, secuestro y funcionamiento de la Policía, dejando los temas netamente de Justicia, en manos de otros interlocutores del gobierno. (A nadie se le ocurriría pensar que Zaffaroni y Argibay fueron iniciativa de Gustavo Béliz.) Uno de los temas que generó distintos encolumnamientos entre los muchachos de la toga, fue el tema de las subrogancias, donde el camarista y consejero Claudio Kiper, una especie de Llanero Solitario pero sin bala de plata, logró imponer su proyecto de reglamentación de las subrogancias que permite que una legión de secretarios (jóvenes entusiastas con oficio de vice juez), tengan la posibilidad de subrogar el juzgado donde trabajan cuando su jefe esté con ausencias prolongadas. Y que en sintonía prevee que los jueces de primera instancia, subrogen a su vez a los camaristas de su fuero, convirtiendo la conocida "Ley del gallinero" en una ruta de doble mano. Lo curioso aquí que quienes votaron en contra de ese proyecto en el Consejo de la Magistratura, son los representantes del oficialismo del gremio de los jueces, con lo cual, y en un año de elecciones, los dirigentes deberán hacer malabarismo para dilucidar quien en verdad mejor defiende los intereses de la familia judicial. Kiper por las dudas, y aprovechando la onda expansiva de lo que él considera un ansiado triunfo ya está pensando en cómo aprovechar este envión para realinear las filas de la otrora pujante Lista Celeste, que al parecer está dispuesta a volver al ruedo con hambre de nuevas glorias.