Según el texto, el plan propone importantes reformas, como por ejemplo la incorporación del principio de oportunidad y del acuerdo de fiscales, investigación de fiscales y el juicio por jurados “sin rever en forma integral el actual ordenamiento procesal penal” y opinaron que el tinte marcadamente inquisitivo “obstaculizaría la vigencia” de las mismas.
En ese sentido, la entidad consideró que para encarar de modo más sencillo la reforma integral pretendida, se deberían aprovechar las experiencias desarrolladas en algunas provincias o el anteproyecto de código procesal penal nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estudios Comparados en Ciencias e Investigaciones Penales (INECIP).
Sobre la propuesta de implementación del sistema de juicio por jurados la entidad señaló que podía ser cuestionada la limitación de este mecanismo sólo para delitos reprimidos con penas mayores a 6 años y para los delitos cometidos por funcionarios públicos, ya que la constitución norteamericana, que fue tomada como guía por la nuestra, asegura el derecho del imputado aún cuando el delito tenga una pena sustantivamente menor.
Al analizar el régimen de libertad provisional la entidad destacó que insistir en mantener un sistema en el cual la excarcelación pueda ser denegada exclusivamente en base al monto de la pena del delito por el que se juzga al imputado, y no con base en los peligros procesales de fuga o de entorpecimiento de la justicia, parece ir en contra de los fundamentos constitucionales de la detención preventiva.
En ese punto, se insistió en que debería establecerse una previsión expresa que garantice el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y que asegure que los jueces y fiscales cumplan su función de modo eficiente para evitar demoras innecesarias en el juzgamiento de los delitos.
Respecto de la unificación de juzgados nacionales y federales la ADC consideró que las supuestas razones de eficiencia o conveniencia “no son relevantes para justificar esta propuesta porque esta opción se encuentra vedada por concreto mandato constitucional”.
En cuanto al plan de reforma de la competencia federal con asiento en las provincias, la ADC sostuvo que es imprescindible que se analice cuál es la cantidad de trabajo por delito que tiene cada jurisdicción federal y la incidencia de este traspaso a la justicia provincial. Esto a fin de no producir una inequitativa distribución de trabajo entre ambos fueros.
Finalmente, como en el proyecto no se menciona la unificación de todos los fueros nacionales y federales con el recientemente creado fuero penal tributario, se expresó que debía precisarse si se trata de una omisión involuntaria o si esta excepción fue buscada, y en su caso, explicitar cuál es su fundamento.
La ONG remarcó que debería ser analizada con detenimiento la compatibilidad del régimen penal que se propone con la Convención de los Derechos del Niño y señaló que el plan se concentra mayormente en la represión de los delitos, pero no se ocupa de prevenir su principal causa: un contexto de pobreza estructural que se ha arrastrado durante décadas y que ha tenido como consecuencia que ahora incluye aproximadamente a la mitad de la población argentina.
Entonces, expresó que de modo conjunto al plan de seguridad propugnado por el gobierno también deben ser analizadas y trabajadas políticas públicas de promoción social que estén enfocadas a hacer operativo el mandato constitucional de protección del niño en situación de desamparo.