En oportunidad de relatar algunos de los hechos que sufren dichos reclusos, los abogados hacen referencia a algunas de las situaciones que deberá tomar en cuenta la comisión. Así denuncian que en celdas de 2 metros cuadrados con una sola cama, donde no existe luz natural ni ingresa el aire se encuentran alojadas 4 personas quienes deben realizar sus necesidades fisiológicas dentro de una bolsa de nylon frente al resto de sus compañeros. Además, carecen de agua para bañarse lo que ha llevado a que muchos de ellos tengan sarna y otras enfermedades producto de la falta de higiene. Por otra parte, resaltaron el hecho de que no existe separación entre los condenados y aquellos que cumplen prisión preventiva.
Aseguran haber intentado y agotado las vías judiciales internas y que las obligaciones que los tribunales impusieron al gobierno provincial nunca han llegado a cumplirse totalmente. Agregándose el hecho de que en los últimos meses se han incrementado dichos riesgos contra la integridad psicofísica y contra la vida de los detenidos. En efecto, en el transcurso de este año ha sido de público conocimiento la muerte de 11 internos y varios heridos, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
Resaltan además que la dirección del establecimiento facilita permanentes ingresos de un denominado “cuerpo especial” de la policía de Mendoza, conformado por personas encapuchadas y acompañados por perros entrenados para amedrentar y lesionar a los internos. Situación que equiparan a la protagonizada por el ejército de Estados Unidos con los prisioneros de Abu Graib en Irak.
Hasta lo que aquí respecta dejan claro que la Penitenciaria de Mendoza no garantiza el derecho a la integridad física ni a la vida de los internos alojados en ella, ni tampoco se implementan en ella tratamientos de readaptación social para los penados. Por el contrario, afirman que ingresar al Penal de Mendoza acusado de un delito constituye un atentado contra la dignidad de la persona humana.
Por todo esto el grupo de abogados solicita a la comisión para que adopte todas las medidas necesarias para mejorar la situación del sistema penitenciario y el tratamiento a los reclusos, para que se cumpla plenamente con lo establecido en la Constitución Nacional, Provincial y la legislación interna, así como en los tratados internacionales ratificados por Argentina.
Finalmente en el petitorio que exponen solicitan la urgente intervención de la Secretaría de Derechos Humanos para promover el mecanismo de medidas cautelares instando al Gobierno argentino y a las autoridades mendocinas a que adopten las recomendaciones y medidas dispuestas por los tribunales, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, Amnistía Internacional y las que aconseje la comisión, tendientes ha hacer cesar la situación de permanentes violaciones a los derechos más elementales que se viene constatando en el sistema penitenciario de Mendoza.
Por otra parte, miembros de Amnistía Internacional han redactado un pedido similar dirigido al Gobernador de la Provincia de Mendoza, Julio Cobos, pero sin haber obtenido respuesta alguna hasta el momento.