En los fundamentos del proyecto se explica que “la privacidad del ciber-usuario es una especie de la privacidad del sujeto jurídico en particular, protegida en todos los ordenamientos jurídicos. En este sentido es conveniente la intervención del Estado, de tipo institucional, tendiente a resguardar la privacidad, de fundamental importancia en cuanto a la protección del consumidor”.
En referencia a la ley de defensa del consumidor 24.240, la autora del proyecto dice que “tiene suficiente flexibilidad y debe acomodarse y aplicarse en todas las relaciones de consumo en el ciber-espacio que posean algún punto de conexión que remita a las normas de nuestro derecho interno”.
El fenómeno del spam creció en todo el mundo de la mano del desarrollo caótico de internet. Los spammers, previa obtención de enormes listados de usuarios, envían el mismo correo electrónico publicitario de productos y servicios, en forma simultánea a distintas direcciones, creando situaciones intolerables, principalmente debido a que el usuario siempre pierde tiempo e incurre en gastos al bajar la información ante el aumento del volumen de sus mensajes y luego en abrir el correo y leerlo antes de advertir que se trata de un “spam”. Y el “spam” muchas veces no ofrece ningún mecanismo para rechazar la recepción de otros correos electrónicos comerciales enviados por el mismo emisor, o bien, éste último hace caso omiso al pedido del receptor de abstenerse a continuar enviando mensajes futuros.
En Estados Unidos más de la mitad de los Estados ya cuentan con leyes propias contra el spam. La más reciente, en el estado de California, penaliza con multas de hasta un millón de dólares el envío de correo basura.
Al día de hoy, en la Argentina no existe una ley específica en su contra. Mientras tanto existen varios proyectos de ley referidos a este tema, entre ellos, el del senador Guinle (PJ-Chubut), y otro en Diputados, que lleva la firma del Diputado Mukdise (UCR-Santiago del Estero), aguardan su aprobación.
El primero, está en tratamiento en la Comisión de Sistemas, Medios de comunicación y Libertad de expresión del Senado; el segundo, que prevé la clausura del sitio o una multa para aquellos spammers que operen dentro del país, ni siquiera fue incluido en el temario de las Comisiones correspondientes.
También hay que recordar que la Secretaría de Comunicaciones elaboró en 2001 un Anteproyecto de Ley para regular las comunicaciones comerciales publicitarias por correo electrónico que no tuvo mejor suerte. Transcurridos dos años, y luego de sucesivas reuniones en la Comisión de Comunicaciones e Informática, el anteproyecto permanece guardado en algún cajón de la Secretaría.
En tanto se discute si es necesario una ley específica o si ya existen elementos legales para atacar a los spammers. Sin embargo, ya hay consenso, tanto en Argentina como en Europa, en la necesidad de armonizar las distintas legislaciones de los países y adoptar una acción global coordinada contra el correo basura, sin descuidar principios esenciales de Internet como la libertad de expresión. ¿Resolverá una ley trasnacional el problema del spam?, se preguntan expertos en todo el mundo. Por ahora, todo indica que esta es la solución legal más adecuada.