En esa oportunidad, Gallardo juzgó que el convenio era "inconstitucional" porque vulneraba la autonomía de la Ciudad, en cuya competencia está el manejo de la totalidad de los juegos de azar. El juez había cuestionado también la inclusión del casino flotante en el convenio, alegando que el artículo noveno de la Ley 538 prohíbe la instalación y actividad de salas de casino. Sin embargo, todavía no hay una sentencia definitiva respecto a la causa.
En diálogo con este medio, el juez dijo que “no hay motivos técnicos – jurídicos” para denunciarlo. “Para mí resulta claro que yo tengo competencia en materia de juego, de seguridad y de higiene en la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró, al punto que agregó que “no tengo nada que explicar en forma adicional”.
El 26 de octubre el magistrado tomó conocimiento de la presentación ya que el Consejo le solicitó que remita las actuaciones vinculadas al Casino, a lo cual el magistrado se negó. La misma denuncia estaba radicada en la Cámara y en la justicia Criminal Federal, en el juzgado de Servini de Cubría, por lo cual el juez ya había remitido las actuaciones a la magistrada federal.
Luego, la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, que se encarga de la primera etapa del proceso de remoción, declaró procedente la denuncia por mal desempeño el 18 de noviembre pasado mediante la resolución 77/04. Según el mismo magistrado, la resolución mencionada es “muy vaga” y “casi una traducción de la misma denuncia”. Sin embargo, el 24 de noviembre Gallardo recusó a los seis miembros del Consejo, a los cuales le había ordenado bajarse los sueldos y los mismos que enfrentan el juicio político ante la Legislatura porteña, por entender que “no están en condiciones de juzgarme a mí”. Los tres consejeros jueces quedaron afuera de la recusación. Aún el Consejo no definió su postura al respecto.
El juez Gallardo había ordenado, hace pocos días, que los consejeros debían bajarse sus sueldos y cobrar como máximo 5500 pesos. En esa ocasión, el magistrado hizo lugar a una medida cautelar que había peticionado que la compensación de los consejeros de la Magistratura porteña se ajuste a la Ley 31 de la Ciudad de Buenos Aires.
“Resulta susceptible que a quince días de esa medida se de esta situación”, sostuvo Gallardo. “Si uno se guía por los hechos, hay motivaciones que trascienden las estrictamente institucionales o reglamentarias. Si lo consejeros hubieran leído la Constitución, sabrían que el articulo sexto los obliga a ellos a defender la autonomía”. Visiblemente molesto, el magistrado destacó además que “reconocer mi juicio político va a significar una nueva causal de juicio político contra ellos”.
Entre otros resonantes fallos, Gallardo también multó este año a Aníbal Ibarra y a otros funcionarios (el ex secretario de Desarrollo Social, Rafael Romá, y el titular del Instituto de la Vivienda, Ernesto Selzer) con embargos en sus sueldos por la demora en el cumplimiento de una medida judicial que ordenaba reubicar a familias que vivían en hoteles de la Ciudad que no reunían las mínimas condiciones para ser habitados. La medida generó un serio malestar en la sede de la Jefatura de Gobierno porteño.